por Carlos Rozanski (*)
Los fallos judiciales, más allá de significar la conclusión de una etapa formal, tienen un contenido simbólico que muchas veces los trasciende.
La sola imagen del tribunal que condenó a la vicepresidenta y a un puñado de acusados contiene cientos de hechos y actos históricos que nos retrotraen al estado “prejudicial” de los orígenes de nuestra sociedad.
Es complejo entender por qué los disparos fallidos a quemarropa no la disuadieron a la vicepresidenta, pero la sentencia sí lo hizo.
Cristina no renuncia a su candidatura después del atentado, lo hace después del fallo. ¿Dónde están las razones para semejante desenlace?
Mas allá de quiénes están detrás, el intento de magnicidio, tiene pistola, mano y rostros. Los jueces del fallo, solo máscaras.
Es porque el Derecho penal tradicional tiene las respuestas adecuadas para ese atentado, aunque el sabotaje desde el propio tribunal no permita más que eventuales sanciones a los sicarios.
En cambio, los jueces representan lo inasible, el poder total.
El mate del Liverpool en la mano del presidente del tribunal tiene un efecto más decisivo que la Bersa calibre 32 milímetros.
Ante esa escena, no hay respuesta jurídica. Hay escalofríos.
Hay que comenzar aceptando que lo que estudiaron los abogados en la Facultad de Derecho, no alcanza. Ni se aproxima siquiera.
Es porque en el universo tribunalicio actual, Cristina era indefendible.
Nada de lo que argumentaran sus abogados tendría incidencia en la decisión de los jueces.
Es que por una carretera circulan miles de fojas con cantidades de falsedades que, finalmente, terminan generando una realidad, la de la condena de quien no cometió crimen alguno.
Hay que asumir que la culpabilidad que, de manera infame, le atribuyen a Cristina precede a la falta.
Por la otra carretera, circula esa nueva realidad que se independiza de las mentiras que la originaron.
Son dos mundos paralelos que nunca se juntan. Es por eso que nada de lo que escribieran los abogados de Cristina podía cambiar esa nueva realidad.
El esfuerzo de los letrados fue a un mundo y el fallo va a otro.
Las apelaciones irán a ese primer camino, y las respuestas irán al segundo.
Y en la instancia local más alta, la Corte Suprema, artífice de la actual anomia insoportable que caracteriza ese nuevo mundo paralelo, invocará el trágico articulo “280”, donde a diario mueren los esfuerzos de tantos abogados y las esperanzas de muchos ajusticiados.
En la realidad sufriente, la inocencia grita. En la paralela, los victimarios gozan.
Jueces y fiscales podían jugar al fútbol en cientos de canchas del país; incluso podían jugar en la casa de Macri y no difundirlo.
Pero no fue así: la obscenidad de su poder los llevó a exhibir sin pudor alguno ese apetecible placer de pertenecer.
Y sabemos, sobre el caso sentenciado, que la planificación de tan brutal desenlace llevó al menos seis años.
Fue en el 2016, donde se concertó liberar a Leonardo Fariña, un detenido por delitos impositivos, ofreciéndole su libertad, vivienda de lujo y dinero, a cambio de incriminar a Cristina Fernández de Kirchner.
En la operación participaron jueces, periodistas y funcionarios.
Una pieza clave fue el ministro de Justicia del dueño de la cancha, Germán Garavano. Junto al viajero Juan Mahiques, concretaron esa primera etapa preparatoria del largo trayecto hacia la condena.
Hay que recordar que Mahiques fue sicario de Mauricio Macri durante su mandato en el Consejo de la Magistratura.
Desde allí persiguió despiadadamente a quienes le indicaron, cometiendo todo tipo de tropelías.
Tan brutal fue la operación que, como relató bajo juramento su propia abogada, Fariña se entrevistó con el ministro Garavano en su despacho y allí el representante de Macri escuchó las demandas y prometió satisfacerlas.
Como se sabe, la persecución a CFK incluyó centenares de causas judiciales fabricadas con la complicidad de importantes jueces y fiscales federales.
Por ejemplo, el fiscal Carlos Rívolo, que hoy investiga el atentado a la vicepresidenta, en el año 2018 le imputó, junto a su compañero Carlos Stornelli, ante el juez Bonadío, 913 hechos delictivos.
En la misma época, en sincronía con el plan para incriminar a Cristina, se producían operaciones judiciales inéditas para garantizar impunidad a quienes se habían apoderado ilegalmente y en plena dictadura, de la empresa Papel Prensa.
En esos años, confirmando las denuncias, salieron a la luz pruebas irrefutables de la barbarie con la que los grupos Clarín y La Nación se apoderaron de las acciones de una empresa clave para la producción y provisión de papel a los distintos medios de comunicación gráfica del país.
Ahí entonces, una vez más, el sector corrupto del Poder Judicial acudió en auxilio de los empresarios fuertemente sospechados.
Julián Ercolini, otro viajero del espacio escondido, luego de cinco años de inactividad, sobreseyó alegremente a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre.
Muy pronto, la Cámara Federal confirmó el acto y, finalmente, pocos meses después, la Corte Suprema aplicó el letal artículo 280, que la habilita a no dar tratamiento a un recurso extraordinario “por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
Claro, ¿qué trascendencia podría tener en la justicia paralela, el secuestro, la tortura y la violación de Lidia Papaleo o la tortura y en algunos casos desaparición y muerte de empleados y allegados a su fallecido esposo, David Graiver?
Hay que recordar que fue el propio Magnetto quien amenazó a Lidia Papaleo con asesinar a ella y su hija si no firmaba la transferencia de las acciones.
Luego, y a fin de perfeccionar dicha transferencia, se produjeron los secuestros y tormentos señalados.
La síntesis de las operaciones citadas -persecución a Cristina e impunidad de delincuentes como Magnetto y sus socios- permite entender mejor los dos aspectos más importantes del nuevo Plan Cóndor que transitamos.
Mientras en el primero (Plan Cóndor I), golpe de Estado de por medio, se saqueó el país con la metodología represiva tradicional (secuestro, tortura, desaparición y muerte), en el segundo se logró un nuevo saqueo cuantitativamente inédito, pero con la dinámica del lawfare.
Así, en el período 2015/2019, los mismos medios que se apropiaron de Papel Prensa, junto a los servicios de Inteligencia y al sector mafioso del Poder Judicial facilitaron todas las operaciones de apropiación y fuga sin precedentes de sumas incalculables de dinero del pueblo.
En el actual plan -Cóndor III-, el objetivo es la impunidad de la organización criminal que saqueó a las órdenes de Mauricio Macri y, al mismo tiempo, profundizar la persecución de la principal estadista con que cuenta nuestro país con el fin de eliminarla y lograr el regreso al poder en el año entrante.
En esta instancia, y con la renuncia anunciada a integrar candidatura alguna por parte de la vicepresidenta de la nación, el camino para las peores tropelías pareciera estar despejado.
Cuentan para ello con el shock que significó para la población el intento de magnicidio, sumado al que produjo la condena y, fundamentalmente, cuentan también con el incomparable compromiso criminal del sector corrupto del Poder Judicial.
No debemos olvidar que los sistemas judiciales y los códigos que los rigen parten del supuesto de honestidad y preparación de los funcionarios que los deben aplicar. Cuando ello no sucede, todo el Estado entra en crisis.
Así, los legisladores progresistas se muestran impotentes por falta de bancas para lograr dar batalla efectiva.
A su vez, el Poder Ejecutivo se percibe entrampado en la toma de decisiones imprescindibles para enfrentar la mafia judicial, las que aún no llegan.
Finalmente, las y los magistrados decentes se encuentran paralizados ante el poder de una minoría numérica pero fortalecida por su pertenencia mafiosa.
La condena a Cristina nos retrotrae a aquella prejudicialidad de la ley del más fuerte.
Y hoy el más fuerte es quien posee los medios para manipular a una parte de la población, creando demonios y ejecutándolos.
El método es convencer a la mayor cantidad de gente posible de que una persona, grupo, partido o movimiento político, son la encarnación del mal.
Y una vez instalada esa convicción, nada ni nadie logrará revertirla.
El desafío mayor es sin duda poner en práctica respuestas que logren contrarrestar los planes criminales del poder real.
Poder que se encarna en las grandes corporaciones transnacionales y locales y, como se dijo, en los medios hegemónicos de comunicación.
Estos, junto a los dirigentes políticos del amplio arco neoliberal opositor y violento, actúan en complicidad con el sector judicial y células activas de ex servicios de inteligencia.
Así se conforma el llamado “lawfare” o guerra judicial que no es ni por asomo incompatible con la mafia.
La mafia es una gran organización criminal que actualmente opera en nuestro país interviniendo activamente en el descripto Plan Condor III.
El lawfare es la metodología ideada por el General de la aviación norteamericana Charles Dunlap para reemplazar la guerra convencional y los golpes de Estado tradicionales.
Nótese que con una pistola semiautomática y 6 o 7 carillas de un fallo infame se asestó un duro golpe al proyecto nacional y popular que encabeza Cristina Fernández de Kirchner.
Y el momentáneo fracaso en la respuesta se debe a que se parte de miradas racionales sobre personas que se presumen racionales y habiendo estudiado en universidades racionales.
Nos olvidamos que la academia tradicional es, en buena parte, conservadora, y tiende a reproducir modelos de dominación (al decir de Foucault).
Y en aquellas más conservadoras, como algunas Facultades de Derecho, se tiende a repetir antiguos clichés jurídicos con muy poco de innovación, al menos en cuanto a respuestas a nuevos fenómenos delictivos como el lawfare empleado por el sector mafioso de la justicia.
De hecho que hasta la fecha, la Facultad de Derecho de Buenos Aires aún no repudió el viaje “escondido” de uno de sus docentes.
Sin embargo, a 39 años de la recuperación de la democracia, luego de décadas de impunidad, y enfrentando varios saqueos económicos, se logró en el país encausar, condenar y encarcelar a importantes genocidas.
Y esa dirigencia política de sectores progresistas de nuestra sociedad es la que deberá consolidar el proyecto nacional y popular que desde los sectores reaccionarios descriptos se ataca con tanta virulencia.
La consolidación del proyecto deberá hacerse teniendo en cuenta la lógica y metodología mafiosa con la que actúan los agresores, y en base a eso elaborar y poner en marcha las respuestas adecuadas.
La legislación nacional e internacional con que cuenta nuestro país es absolutamente suficiente para elaborar esas respuestas.
Obviamente los jueces mafiosos no la aplicarán jamás. Pero el resto del arco judicial, hoy aletargado por la violencia de un puñado de corruptos, sin dudas acompañará aquellas decisiones políticas que nos permitan retomar el camino de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos en el que no hay espacio para fallos infames ni jueces venales.
La militancia, como siempre, garantizará el espacio para la eficacia de esas medidas transformando los escalofríos ante la infamia en tibias caricias populares.
(*) Expresidente del Tribunal Oral Federal de La Plata.
