Desde el bloque del Frente de Todos solicitaron a Obras Sanitarias que tome a su cargo los costos del servicio eléctrico que insuma la instalación sanitaria que eleva el agua a los tanques comunitarios para luego distribuirlas a cada vivienda del Complejo Habitacional Centenario. “Estamos hablando de familias muy vulnerables que por su situación social no pueden afrontar estos gastos”, explicó la concejala Marina Santoro.
Desde hace un tiempo, un sector del complejo afronta grandes deudas con la empresa que provee de servicio eléctrico en la zona. Por tal motivo, les anunciaron la posibilidad de perder el suministro de agua potable, lo que afectaría a más de 700 familias que viven en el lugar actualmente.
Por tal motivo, desde el Frente de Todos, decidieron presentar un proyecto para solicitar a OSSE que tome a su cargo los costos del servicio eléctrico que insuma la instalación sanitaria que eleva el agua a los tanques comunitarios para luego distribuirlas a cada vivienda del ‘Complejo Habitacional Centenario’. “Estamos hablando de familias muy vulnerables que por su situación social no pueden afrontar estos gastos y es necesario que el Estado pueda hacerse cargo y buscar una solución para estas personas que están atravesando un momento de crisis”, manifestó Santoro, autora de la iniciativa.
En ese marco, resaltó que ya hubo otros casos que podrían sentar un precedente: “Hay antecedentes legislativos, como el del SOIP o Santa Celina en el que OSSE pudo hacerse cargo del monto total de la factura de electricidad en las mismas situaciones planteadas; solicitamos soluciones de igualdad jurídica en relación a otros barrios sobre la misma problemática. Y también estamos hablando de una deuda hacia los vecinos y vecinas, que muchas veces han tenido que destapar cloacas, arreglar luces, reparar pérdidas de agua diarias, con ausencia total del Estado municipal”, resaltó la edil.
Por su parte, desde el bloque destacaron que este complejo construido hace ya cuatro décadas alberga hoy a unos veinte mil habitantes, de los cuales 700 se verían afectados con esta medida. “La realidad social de este complejo es muy preocupante, y la infraestructura está en pésimas condiciones. Es necesario que el Estado municipal asista para garantizar los derechos vulnerados”, finalizó Santoro.
