La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema en una jornada tensa, que incluyó contrapuntos entre legisladores y en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
En las casi cuatro horas que duró la reunión se sucedieron los planteos contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por parte de los diputados del oficialismo, con argumentos en sintonía con el presidente Alberto Fernández y gobernadores, pero al mismo tiempo hubo reproches cruzados entre los diputados del FdT y los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, lo que anticipa una dura batalla a lo largo de este procedimiento legislativo.
Para abrir las sesiones de la comisión, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), el FdT logró el quórum con la presencia de sus 16 legisladores, ya que la principal bancada opositora intentó infructuosamente trabar la actividad parlamentaria, en rechazo al enjuiciamiento a los miembros del alto tribunal.
Al iniciar la reunión, que se extendió entre las 11 y las 14:50, Gaillard adelantó que el próximo jueves 2 de febrero la comisión recibirá a los firmantes de los 14 proyectos de juicio político presentados contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Una semana más tarde, el jueves 9 de febrero, se analizará el informe de admisibilidad para determinar si corresponde comenzar el período de prueba, amplió Gaillard.
Acusaciones
En sus discursos, los representantes del oficialismo acusaron a los cuatro miembros del tribunal de “mal desempeño” de sus funciones, sobre todo por los fallos dictados en relación al número de integrantes del Consejo de la Magistratura -reiteraron que la Corte asumió una función del Poder Legislativo-; también por el fallo del ‘2×1’ y por denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, entre otras causales.
Otras exposiciones los responsabilizaron por no ejercer el rol de superintendencia sobre el Poder Judicial al observar sin hacer nada el dictado de “fallos vergonzosos” o constatarse irregularidades y desvíos en la conducta de algunos jueces: este fue uno de los planteos del diputado de origen radical Leopoldo Moreau, quien los acusó de no hacer nada ante el episodio del viaje a Lago Escondido, pese a que “un grupo de jueces y fiscales viajen invitados por una empresa (por el Grupo Clarín) a lugares de lujo, en aviones de lujo, en un ejercicio claro del delito de dádivas” y luego “planifiquen nuevos delitos para ver cómo tapaban el delito original”.
El procedimiento
Al abrir la reunión, Gaillard aseguró que “voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión”, para luego aclarar: “Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades que si tienen la justicia”.
En ese sentido, precisó que “una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso”.
Requisitos para iniciar la investigación
“En caso que la admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de aprobarla e iría al recinto”, añadió, y luego leyó el resumen de los 14 expedientes a analizar.
El paso fundamental para avanzar en el procedimiento será aprobar en comisión por simple mayoría -se requieren 16 firmas- la admisibilidad para abrir una investigación a partir de los 14 pedidos de juicio político presentados por el Gobierno nacional, diputados oficialistas e incluso algunos opositores -en el caso de Lorenzetti-, para luego comenzar la etapa de recolección de pruebas.
Cruces entre acusadores y defensores
Durante la reunión, hubo fuertes cruces como los que protagonizaron el oficialista del Chaco Juan Manuel Pedrini y el ex ministro macrista Alejandro Finocchiaro y otro que tuvieron el legislador del FdT y titular de la comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, con su par del Interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez.
“Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño, y entonces los dueños, los que sienten que es su Corte, salieron a defenderla”, agregó Moreau en referencia a la carta abierta al Congreso que 500 empresarios difundieron hace una semana para reclamar que se frene el pedido de juicio político, y vinculó esa iniciativa con grupos económicos -nombró a la empresa Ledesma- y “medios de comunicación hegemónicos” que, dijo, “han obtenido fallos favorables de la Corte”.
La Coalición Cívica
Desde la oposición, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que desde ese espacio propondrán “una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles”.
Le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, ya que “las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas”.”Estamos ante una situación de gravedad institucional extrema. Estamos ante una crisis en la justicia argentina, de la cual hay realmente sospechas gravísimas”, agregó el santafesino.
Otras posturas
El diputado del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al sostener que “no vamos a entrar en la descalificación”.
A su turno, la diputada del FdT y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley aseguró hoy que el objetivo del juicio político es “preservar la institución de los pésimos funcionarios que tiene la Corte Suprema”, insistió.
Por su parte, el diputado del FdT y secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky destacó que en el impulso del juicio político confluyen “movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente”.
Cerca de la derecha
Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman sostuvo que la discusión tenía “mucho montaje” y afirmó que a pesar de los llamados a la “despolarización” aparece una iniciativa que -dijo- “le conviene a Juntos por el Cambio”.(InfoGEI)Jd
