Torturas a un joven de 17 años en Ensenada; golpiza y amenazas de gendarmes sobre un niño de 15 años en Matanza y requisa policial vejatoria sobre una niña de 16 años que volvía de la escuela a su casa.
Tres casos graves registrados en las últimas semanas y sobre los que interviene judicialmente la Comisión Provincial por la Memoria, dan muestra de la creciente y sistemática violencia policial sobre los derechos de niñas y niños en el territorio bonaerense, con vejaciones físicas y psicológicas que encuadran en el tipo penal de tortura y que requieren, por ese motivo, la acción urgente de las unidades fiscales para el avance de cada investigación.
El caso de Punta Lara, en Ensenada, fue el último que registró la CPM luego de una serie de hechos de violencia policial sobre niñas y niños que se suceden desde mediados de noviembre en la Provincia de Buenos Aires. Para el organismo los hechos denunciados resultan graves y preocupantes no sólo por la edad de las víctimas si no porque la producción de prueba en los delitos que se deben investigar requiere la urgente intervención fiscal y la correcta calificación jurídica.
En este sentido, el 3 de diciembre por la madrugada un joven de 17 años salió en dirección a la casa de un amigo, distante a 15 cuadras, en busca de un CD. Cuando emprendió el regreso hizo una parada en la vivienda de otro amigo justo antes de que irrumpieran en ese inmueble 10 agentes de la Policía bonaerense.
El joven de 17 años intentó subirse a su bicicleta y regresar a su casa pero fue aprehendido por los efectivos que le colocaron esposas y comenzaron a golpearlo.
De acuerdo a la denuncia penal presentada por la CPM ante la UFI 6 del Departamento Judicial La Plata, uno de los policías le ordenaba abrir bien las piernas para ser requisado, mientras otro le ordenaba lo contrario. Ambos le golpeaban los tobillos y las piernas.
Una agente policial femenina de apellido Cerdera, al subirlo a la camioneta, lo tomó de la cabeza haciendo golpear su rostro contra el parante del vehículo policial. Alrededor de las 2 de la madrugada lo trasladan a la Comisaría 2 de Punta Lara donde lo obligan a desnudarse, lo golpean y le exigen que hiciera sentadillas y flexiones de brazos. Siempre mediante amenazas de que sería violado. “Vos no tenés derecho a nada, acá te podemos hacer lo que nosotros queramos”, le gritó un policía.
Para la CPM estas prácticas y los graves sufrimientos físicos y psíquicos causados a la víctima constituyen el resultado lesivo típico del delito de torturas, por lo que solicitó a la fiscalía la aplicación de los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, establecidas en el Protocolo de Estambul.
Entre las medidas de prueba urgentes solicitadas en la denuncia se encuentra realización de un amplio informe médico respecto de la víctima dentro de las 24 horas de recibida la denuncia o iniciada la investigación preliminar, que deberá ser elaborado por los Cuerpos Periciales de la Suprema Corte de Justicia. También que se ordenen las medidas respectivas para la identificación de los funcionarios que intervinieron, tanto en la aprehensión del joven en la calle así como lo que participaron de las torturas y vejaciones en la comisaría 2 de Punta Lara.
Cabe destacar que una semana antes pero en el partido bonaerense de Matanza había ocurrido otro episodio similar. En efecto, durante la noche del 26 de noviembre un joven de 15 años regresaba a su casa luego de comprar pan cuando repentinamente fue aprehendido, esposado y golpeado por un grupo de entre 8 y 10 gendarmes. La denuncia penal presentada por la CPM relata que fue trasladado al puesto de Gendarmería situado en Avenida Crovara donde lo encerraron y golpearon nuevamente. Entre las amenazas que recibió el joven, fue advertido que si lo encontraban nuevamente lo volverían a detener. Hasta hoy, su familia ha registrado en varias ocasiones a miembros de Gendarmería detenerse frente a la casa del niño filmando con sus celulares.
El tercer caso de gravedad ocurrió el 9 de noviembre, en Lomas de Zamora, cuando una niña regresaba de la escuela y fue abordada por policías que bajaron de un auto sin la chapa de patente. Frente a la presentación de habeas corpus preventivo iniciado por la Defensoría Oficial 4 departamental a cargo de María Fernanda Mestrín, la CPM se presentó como amicus curiae. De acuerdo al relato de la víctima, los policías le exigieron el documento mientras la interrogaban en plena vía pública acerca del lugar al que se dirigía. Luego le pidieron y revisaron su mochila de la escuela hasta que uno de los efectivos le anunció que la requisarían. Fue cuando apareció una persona que pasaba el lugar y que preguntó qué sucedía con la joven, el “procedimiento” terminó.
Estos casos recientes preocupan a la CPM porque a la intervención ilegal, arbitraria y violenta por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad se suma, en muchos casos, la ausencia de control judicial y de los organismos de protección de la niñez.
Al mismo tiempo, el erróneo encuadramiento de los delitos por investigar resulta, en muchas ocasiones, como consecuencia de la inobservancia de los principios locales e internacionales relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura, como los establecidos en el Protocolo de Estambul.
El cambio de gobierno es una oportunidad para transformar la política hacia la niñez y adolescencia, abandonando la demagogia punitiva que sostiene que la persecución penal es la solución para el conjunto de problemas y violencias que atraviesan al sector más vulnerable de la sociedad.
