La Defensoría del Pueblo reclamó una concesión del servicio de transporte público más corta de la que establece el pliego de bases y condiciones de la próxima licitación, que el municipio exija de entrada más unidades de pisos bajos y que incorpore una cláusula antimonopólica.
Al pronunciarse sobre el proyecto del Ejecutivo sobre el futuro sistema de colectivos que trata la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, los defensores Luis Salomón, Fernando Rizzi y Daniel Barragán plantearon la necesidad de un transporte “universal, igualitario y no monopólico”.
En principio, se manifestaron “preocupados” por “la extensión en el tiempo de la nueva concesión”. “Veinte años, más cinco de prórroga y dos de adecuación suman 27 años en los que indudablemente nuestra ciudad cambiará en su demografía y en sus necesidades, y seguramente la tecnología transformará el concepto y la realidad del transporte antes del año 2048″, indicaron.
“Decimos universal porque debe llegar a todos los puntos de la ciudad y debe ser accesible para todas las personas, especialmente para quienes tienen capacidades diferentes”, agregaron, y consideraron que la propuesta del pliego “comienza con una exigencia ínfima de vehículos de piso bajo”, lo que “debe cambiar”.
“Decimos igualitario porque todos los vecinos y fundamentalmente los de barrios más alejados deben tener acceso al mismo precio de boleto”, indicaron.
En ese sentido, sostuvieron que “es necesaria la igualdad de uso, cambiando el paradigma de cobro por kilómetro recorrido por otro que establezca la igualdad absoluta, porque no puede haber pasajeros de primera y pasajeros que sean castigados por vivir más lejos, situación que no siempre tiene que ver con libre elección, sino la mayoría de las veces con la situación económica”.
Según los defensores, “el actual sistema de transporte tiene enormes deficiencias en cuanto a las frecuencias, demasiado espaciadas y que aún en muchos casos no cumplen con la normativa, especialmente en los barrios más alejados del centro”.
Expresaron además su “preocupación” por “la falta de cláusulas más firmes que garanticen, como lo exige el artículo 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, una efectiva desmonopolización del transporte urbano de pasajeros”.
“Más allá de conformarse tres grupos de empresas, entendemos que debe garantizarse desde el pliego que se evite el monopolio. Hoy el 90 por ciento del servicio está en manos de un solo grupo económico. El transporte de pasajeros debe ser efectivamente no monopólico”, subrayaron. “No sea cosa que saquemos a un monopolio para instaurar otro de afuera, más amigo del otorgante, por veintisiete años”, advirtió.
