El concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo local brinde detalles sobre qué estrategias, dispositivos y recursos de índole estrictamente municipal se han desplegado y activado a fin de “controlar y evitar la proliferación del servicio de transporte interjurisdiccional clandestino de personas”, violatorio del Asilamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el ámbito del Partido.
En ese sentido, el edil denunció la “proliferación del peligroso fenómeno del transporte interjurisdiccional ilegal de personas, violando las reglas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Y remarcó: “Son preocupantes los casos que han saltado a la luz últimamente, de transporte ilegal de personas entre jurisdicciones extrañas a nuestro partido y este último, sobre todo cuando esto se da entre sitios con circulación viral comunitaria de COVID -19 y nuestro partido, poniendo en riesgo la salud pública y violando las normas”.
A su vez, detalló que “esta actividad se da cuando vehículos privados ofrecen la posibilidad de transportar pasajeros, de forma clandestina violando el ASPO, desde zonas de circulación viral comunitaria hacia destinos costeros, todo esto a cambio de dinero, costando el pasaje entre los 2.000 y 3.500 pesos”.
A continuación, Páez remarcó que “estos servicios se suelen ofrecer masivamente por vía de redes sociales, para luego concretar el convenio por otros medios. Es por esto que nos parece sumamente importante generar una campaña que disuada estas conductas, que se plasme de forma decidida en redes sociales, atacando el problema en uno de sus puntos de sustentación”.
En ese sentido, el edil recordó que fue detenida en los retenes ruteros “una combi que transportaba pasajeros desde CABA a Mar del Plata, por medio de la ruta interbalnearia que va desde la autovía 2 a la ruta 11”.
Al respecto, el funcionario designado por el Ministerio de Seguridad provincial, Rodolfo Iriart, aseveró que existen “vehículos no autorizados en el contexto de cuarentena a trasladar pasajeros, que llevan a personas desde zonas virales a las ciudades de la costa”. Luego agregó que hay que apelar a la “responsabilidad individual y colectiva” para cuidarnos del riesgo del virus.
Para Páez, “esta conducta es sumamente riesgosa para la salud pública y debe ser detenida, ya que expone al ciudadano y ciudadana de la ciudad a los efectos nocivos del COVID-19 y a la comunidad toda a brotes de contagio con consecuencias imprevisibles”.
Y aseveró que “el municipio tiene las herramientas necesarias para relevar el nivel de extensión de esta actividad, como también arbitrar las medidas necesarias para impedir su proliferación”. “Para lograr estos fines no es suficiente con realizar una sumatoria de acciones y esfuerzos, sino que hace falta planificación estratégica para poder coordinarlos y ejecutar de forma eficiente en pos de la gestión correcta de la problemática referente a la inseguridad ciudadana”, añadió.
“Para poder desarrollar este objetivo no solo es necesario dotar de equilibrados recursos económicos al área de seguridad municipal, sino efectivamente ejecutarlos y hacerlo de forma precisa y en vista de políticas públicas meditadas y efectivas. Ante las necesidades corrientes derivadas de la pandemia no se debe permitir sumar incertidumbre al vecino, ignorando posibles focos de conflicto con consecuencias dañosas”, sentenció el concejal opositor.
