El interventor de Enargas, Federico Bernal, denunció este lunes al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y a varios de funcionarios de su gabinete por la manipulación de los índices de actualización de las tarifas de gas, lo que redundó en ingresos extraordinarios para las empresas como TGN, TGS y Camuzzi, entre otras, 1343 millones de dólares. Esa ganancia fue solventada con los tarifazos que tuvieron que pagar nueve millones de usuarios.
Para la intervención actual del Enargas, la revisión de las tarifas de gas en los albores del macrismo “provino de una negociación espuria” entre Aranguren y las empresas que culminó en una “transferencia ilegal de recursos durante un quinquenio de los usuarios de gas a las empresas transportistas y distribuidoras”. El caso recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, que deberá investigarlo junto a la fiscal Alejandra Mángano.
Junto a Aranguren fueron denunciados Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; Daniel Alberto Perrone, ex subinterventor y luego director del Enargas; David Tezanos, ex interventor del Enargas; Andrés Ferraris, ex director nacional de Política Tarifaria; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete de Aranguren; y Graciela Cristina Bevaqua, ex director técnica del INDEC. Los acusan de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta, según la denuncia a la que accedió El Destape.
El escrito de Bernal detalla que Aranguren y los demás funcionarios manipularon la actualización de la tarifa por el servicio de transporte y distribución del gas; esto es, el tramo desde los pozos productivos hasta las ciudades y luego directamente los caños que llegan a las casas. Para el actual interventor del Enargas, esa actualización estuvo “muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente” y que esto les aseguró a las empresas “un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas”.
La denuncia se enfoca en el factor de actualización que pactó el gobierno de Cambiemos con las empresas del sector gasífero sobre la Base Tarifaria, un factor que luego impacta en la rentabilidad de las empresas vinculadas Según el escrito de Bernal, ese factor no debería haber superado un aumento que implique 24 veces la base tarifaria, pero se llevó artificialmente a 33 veces, lo que significó un incremento del 3300 por ciento para este componente tarifario.
Las licenciatarias de transporte y distribución que se beneficiaron con la dolarización de las tarifas fueron Transportadora de Gas del Sur (TGS), del Norte (TGN), Camuzzi Gas Pampeana y del Sur, Gasnor, Naturgy BAN y MetroGAS.
Antes de tiempo
En noviembre de 2017 Aranguren convocó a los productores y distribuidores de gas para establecer las bases y condiciones en la comercialización de gas. Lo hizo semanas antes de que se venciera a fin de ese año el período de emergencia, momento a partir del cual el precio “debía pasar a ser definido en régimen de competencia”, según la argumentación del ex ministro y CEO de Shell. La propuesta de Aranguren fue fijar el precio en dólares y a tipo de cambio variable (para su conversión en pesos) para los contratos de 2018 y 2019. El otro regaló fue a las transportistas y distribuidoras, donde se denuncia también la posibilidad de intereses económicos en la negociación.
“Culminó en 2017 con la elección de una combinación de índices de precios que redundaron en un factor de actualización sobre la base tarifaria de 33 (desde enero 1993 a 2016) que les aportaron a las licenciatarias del servicio de gas por redes ingresos en exceso para el quinqueño de 2017-2021 por al menos 21.255 millones de pesos constantes de diciembre de 2016 (equivalente a 1343 millones de dólares)”, señala la denuncia.
Para avanzar en este esquema se utilizó el “marco regulatorio de los 90, esto es mantener las tarifas en dólares”, agrega Bernal. El marco regulatorio impuesto por el menemismo podría tener alguna coherencia en un momento en el que existía una paridad convertible de uno a uno entre el peso y la divisa estadounidense. Según detalla, “la revisión tarifaria no surgió de un procesos admnistrativo transparente, sino que provino de una negociación espuria entre las encontes autoridades del Poder Ejecutivo y la entonces Enargas”.
De los gasoductos a alta presión, el gas natural llega a los puntos de consumo a través de las redes de distribución. Las estaciones de regulación y medida situadas en los nodos de conexión de las redes de transporte y las de distribución, adaptan la presión del caudal de gas a la presión requerida para que pueda ser utilizado por los consumidores finales. En la boleta eso se traduce en que, de los cuatro ítems a pagar, el más abultado (con un 40 por ciento de la tarifa) es el insumo, que se paga en dólares. Los principales productores son YPF, Total, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol – Techint-, Pampa Energía y Compañía General de Combustibles (CGC).
Los demás componentes de lo que pagan lxs usuarixs son Transporte, TGN y TGS, que explica un 10 por ciento de la tarifa y la otra mitad de la boleta se divide entre distribución (Metrogas, Camuzzi y Naturgy) junto a otras empresas regionales y más pequeñas, y en impuestos nacionales, provinciales y municipales. Transporte y distribución se actualizan de forma semestral, en abril y octubre, en función de las fórmulas dispuestas por el macrismo.
Las fórmulas “infladas” fue a cambio de la renuncia por parte de las empresas de eventuales reclamos judiciales ante el CIADI por supuestos incumplimientos del Estado. Esta estrategia de falsas amenazas para justificar contratos espurios es calcada a la que utilizaron para la renovación de las concesiones de las autopistas Norte y Oeste
Como en el caso Peajes, donde Mauricio Macri les garantizó a sus ex socios 746 millones de dólares y luego acomodaron los nuevos contratos y las tarifas a ese número, el interventor Bernal denuncia que se hizo lo mismo con la tarifa de gas. Las empresas eligieron el índice de actualización y luego el macrismo puso al Estado a acomodar los números para justificarlo.
La denuncia incluyó documentos y mails, entre ellos un powerpoint de Chambouleyron, que era el responsable de la política tarifaria, donde se ve que la diferencia entre la Base Tarifaria de 24 y de 33 es igualada a un “pago implícito por reclamos históricos”. “Fue así que, de espaldas a la sociedad y al marco regulatorio del sector gasífero, se acordó de este modo un ajuste intencional, deliberadamente arbitrario y excesivo en las respectivas bases tarifarias de las prestadoras, reflejado en los respectivos márgenes de transporte y distribución, así como en la tarifa final al usuario, con el único objetivo de lograr una transferencia de recursos de los usuarios y usuarias a las empresas”, dice la denuncia
