Esta mañana, referentes de organizaciones de derechos humanos, vecinalistas y ambientalistas brindaron una conferencia de prensa encabezada por el Dr. César Sivo, abogado y vicepresidente 2º de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derechos Humanos de América Latina y El Caribe. Es quien lidera la querella contra el Municipio por aquél recurso preventivo que se presentó previo a que el Concejo Deliberante (HCD) aprobara cederle por una módica suma un terreno lindero al faro a una empresa de gin. Durante el encuentro con periodistas, se comunicó que se presentó, además, una denuncia penal contra quienes promovieron y avalaron tal entrega, y adelantaron que interpondrán una pretensión anulatoria de ese acto administrativa. ¿Qué sucede con el sur?
“Por un lado, la causa inicial de la acción preventiva de daños está apelada en el (fuero) Contencioso Administrativo esperando respuesta”, explicó a este medio el Dr. Sivo en referencia al amparo presentado por organismos de Derechos Humanos para evitar que se avance en la cesión de tierras ligadas al ex Centro Clandestino de Detención Escuela Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) a un destilería del gin mediante triangulación con la Sociedad de Fomento Faro Norte.
“Agrimensura de la crueldad” lo etiquetó el concejal de Unión por la Patria (UP) Diego García durante el debate en el HCD. Es que, brevemente, para el oficialismo (más La Libertad Avanza), las tierras entregadas a un privado no eran parte del centro clandestino. “Es claramente falso, porque están los planos”, respondió Sivo sobre tal premisa.
Denuncia penal por corrupción
Durante la tercera semana de septiembre, se presentó una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro; la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Mauro Martinelli; los 15 concejales que aprobaron la instalación del bar (Núñez, Romero, Liceaga Viñas, Pujato, Sánchez Herrero; Neme, Volponi, Beneito, Morro, Ranellucci, Bussetti; García, G., González; Martínez y Recalt); la Sociedad de Fomento Faro Norte, y la firma BURBARREL S.A. conocida por ser la fabricante del “Gin Artesanal Restinga”, por presuntos delitos de abuso de autoridad.
“Hay una clara coincidencia con la matriz de corrupción que marca la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, detalló el letrado, en lo que se traduce como la base argumental de la denuncia penal presentada. De acuerdo a esa disposición internacional, se lee que en el marco del accionar político por parte del oficialismo local hubo abuso de autoridad.
La celeridad en el tratamiento del expediente “violenta los trámites administrativos normales” por haberse dado con una “urgencia” que para el caso, entiende César Sivo, no corresponde. Se refiere a los 15 días que pasaron entre la presentación del proyecto por parte del gobierno de Guillermo Montenegro, su tratamiento en comisiones y su final aprobación en sesión ordinaria en el HCD. “Abrir una destilería, o un espacio de ocio, en un Centro Clandestino de Detención, que amerita estudios más sesudos, entre otros, el de impacto ambiental, no parece que tuviera la más mínima urgencia para un funcionario público que debe velar por el patrimonio de todos los ciudadanos”, detalló.
Otro sustento para presentar la denuncia penal refiere al trámite irregular. “Se necesita un estudio de impacto ambiental, que intervengan más comisiones, un debate sostenido en el tiempo, que intervenga el área legal que acá no intervino, entonces ese trámite se torna completamente irregular y por eso nos habilita a hacer una pretensión anulatoria del acto administrativo”, explicó César Sivo.
“Da la idea de que es un expediente cansado”, dijo sobre un tercer argumento referido a la ausencia de propuesta. “Cuando propones cualquier cosa y te dicen que sí, se sobreentiende que es un expediente que ya está resuelto antes de presentarse”, contó.
Además, se trata de una iniciativa que, a pesar de haber sido presentada por el Ejecutivo, es desventajosa para la administración municipal. “Si uno mira cesiones de Unidades Turísticas Fiscales (UTF), siempre van de la mano, si el canon es bajo, de una gran inversión por parte del beneficiario y acá no hay una propuesta ni detalle de obra para ver qué ventajas tendría para la Municipalidad, para los habitantes de Mar del Plata y para la gente del barrio, sino que solo aparece el dato del canon que son más o menos diez consumiciones”, dijo Sivo en referencia a los 250 mil pesos mensuales que La Restinga deberá pagarle al municipio.
Por todo ello, es que se presentó la denuncia penal por varios delitos, incluidos fraude en la administración, posible cohecho y abuso de autoridad. Razón por la que también se hará una presentación en el Tribunal de Cuentas.
Pretensión anulatoria
“Vamos a interponer mañana (miércoles 25) una pretensión anulatoria del acto administrativo porque se entiende que esta ordenanza violenta las disposiciones que hay en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 19549)”, adelantó el abogado.
Entre esas cuestiones no cumplidas, se encuentra el incumplimiento del dictamen legal “y por lo tanto el acto es nulo”, aclaró Sivo.
El predio
Organismos de Derechos Humanos insisten en recordar qué pasó sobre las tierras en disputa. A través de un escrito, destacaron que “a lo largo de estos 41 años de democracia, con la Conadep primero en 1984 y luego en los más de 20 Juicios de Lesa Humanidad desarrollados en nuestra ciudad, quedó probado que la ESIM fue parte de la estructura represiva del Fuerzas de Tareas N° 6 de la Armada, con su comando en la Base Naval, conformando la dirección del Grupo de Tareas 6.2”.
