Lo hace mediante una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida políticamente por Gabriela Michetti, publicada en el Boletín Oficial.
La resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial con fecha 25 de septiembre de 2018, establece la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez que presenten algún tipo de “incompatibilidad”.
La decisión gubernamental establece la “ suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez”. A su vez, establece un plazo de “10 hábiles administrativos para que el administrado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, como así también tomar vista de las actuaciones”.
En el afán de ajustar a cómo de lugar, el Gobierno nacional vuelve a golpear a uno de los sectores más débiles y vulnerables: las personas con discapacidad. Para este nuevo ataque se basa en un decreto menemista (oh, casualidad) que establece como requisito para cobrar una pensión de este tipo que la persona pueda acreditar un 76 % por ciento de discapacidad que le prohíba trabajar.
Una pensión de este tipo es de $6.700 y alcanza a cubrir, por ejemplo, apenas un tercio del tratamiento de salud para un niño o niña con discapacidad que puede superar los $25.000, ya que incluye varias terapias.
Según esta resolución, por ejemplo, ¿qué pasaría con un niño con discapacidad, cuya pensión cobran su padres, en su gran mayoría las madres quienes son las que están a su cargo y que en muchos casos tienen que resignar su inserción en el mercado laboral por las tareas del cuidado que los niños?. O, ¿qué pasaría con las personas con Sindrome de Down? Quedarían sin prestación.
Hay que agregar además, que atadas a estas pensiones funciona la cobertura de salud que el Estado le brinda a las personas con discapacidad que no tienen obra social y ni prepagas, que es el programa Incluir Salud. Es de esperar, que la suspensión de dichas pensiones traerá aparejada la eliminación de esa cobertura, que además viene funcionado muy mal por la demora con que paga el Estado las prestaciones.
CVazquez-laizquierdadiario
