La jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso este domingo el secreto de sumario en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual se sospecha que el acusado, Fernando André Sabag Montiel, pudo haber estado acompañado en el ataque, mientras un hombre que dijo ser conocido suyo aseguró que lo cree “capaz de cometer” el ataque, informaron fuentes judiciales.
Los portavoces señalaron que se sospecha que el hasta ahora único acusado por el intento de magnicidio no habría actuado solo, en base a los primeros resultados de los análisis de cámaras de seguridad, teoría que es uno de los motivos por los cuales se impuso el secreto de sumario.
En ese contexto, los investigadores analizan si Sabag Motiel llegó acompañado al lugar de los hechos.
Esta es una de las hipótesis que se manejan en base al análisis de las filmaciones registradas por cámaras de seguridad en la zona del barrio de Recoleta donde está el edificio en el que vive Fernández de Kirchner. La reconstrucción se hacía de manera “secuencial” para recomponer los pasos del imputado antes de acercarse a la Vicepresidenta.
En tanto, declaró un hombre identificado como Mario Bongarelli, quien dijo ser “conocido” del acusado, y aseguró bajo juramento creerlo “capaz de cometer el hecho”, informaron las fuentes.
El testigo entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que sea peritado, en presencia del fiscal Carlos Rívolo y del defensor oficial de detenido, Juan Hermida. Antes de declarar, Bongarelli dio una nota en televisión donde se presentó como “amigo” de Sabag Montiel.
La magistrada recibió además durante la jornada en los tribunales federales de Retiro declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular de Sabag Montiel hizo un “reseteo” y volvió a “estado de fábrica”, informaron fuentes judiciales.
La magistrada tomó declaración a los peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y el chip. En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que “se encuentra bajo análisis”.
En relación al reseteo del celular a estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.
En tanto, terminó el peritaje sobre la computadora laptop HP que se secuestró en el domicilio del acusado y se ordenó analizar el material obtenido.
El celular que portaba Sabag Montiel sufrió un reseteo en los momentos en que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.
El hecho generó criticas del oficialismo y la oposición, que reclamaron “respuestas” a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la PSA.
Para explicar ese evento técnico declararon desde las 9 los dos técnicos de la PSA a los que les apareció la leyenda que daba cuenta de un posible formateo del teléfono y luego lo hicieron los policías federales que manipularon el aparato.
El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche, en el marco de la causa por el atentado sufrido por la Vicepresidenta el jueves último.
Esa fuerza recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.
La PSA recibió el celular en su sede de Ezeiza horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal, la primera fuerza en intentar extraer información en presencia de secretarios del juzgado, la fiscalía y la defensa oficial, según aseguraron en desde el juzgado.
El teléfono viajó desde los tribunales federales de Comodoro Py hasta la sede de la PSA en el auto de la custodia personal de la magistrada, en el mismo sobre en el que había llegado horas antes al juzgado y que, por supuesto, ya había sido formalmente abierto.
Durante una parte del trayecto que une el barrio de Retiro con Ezeiza también estuvo en el auto un secretario del juzgado que se bajó en el camino. A pesar del inconveniente, desde el juzgado aseguran contar con toda la prueba documental que da cuenta de la cadena de custodia del dispositivo electrónico, algo que otras fuentes del caso ponen en duda.
El teléfono había sido secuestrado cuando detuvieron a Sabag Montiel la noche del jueves, tras el ataque a Fernández de Kirchner cuando llegaba a su domicilio de Recoleta: el agresor lo llevaba en el bolsillo de su campera.
En este contexto, el juzgado evaluaba solicitar a Estados Unidos colaboración tecnológica para avanzar con el peritaje del celular.
Las medidas de prueba apuntan, entre otras cosas, a saber si la acción fue planificada o, cuanto menos, comentada previamente por el agresor con su entorno.
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a Fernández de Kirchner, confirmó que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”.
Dalbón explicó los pasos que seguirá a partir de mañana y dijo que “la querella ya está lista para la firma de la Vicepresidenta, que se hará el día lunes”.
“Una vez que firme me trasladaré a Tribunales de Comodoro Py para interponerla y pedir hablar con la jueza y el fiscal para que me brinden explicación de la negligencia y/o lo que consideren que haya sucedido en la relación a la pérdida de datos del celular del imputado”, continuó.
Para Dalbón, “en caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”. Y aclaró que en su opinión se trataría de “negligencia y encubrimiento agravado”.
Funcionarios del Gobierno y legisladores del oficialismo exigieron “respuestas” a la Justicia ante las versiones de que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular.
“Si realmente pasó esto, parece que nos está cargando el Poder Judicial. Una causa que es conmoción mundial y pasan estas cosas”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
El diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade expresó: “¿Alguna duda de que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina?”.
El oficialista Leopoldo Moreau dijo “¿cómo es posible que el celular haya sido entregado por el juzgado a la PSA en un sobre abierto y sin cadena de custodia? Más que preguntarle a los peritos por su actuación habría que preguntarse cómo el aparato salió del juzgado en esas condiciones”.
El jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, dijo en Twitter que su partido reclamó en la sesión del Congreso que “se llegue a la verdad y las últimas consecuencias”,, pero alertó que “la pérdida de información del teléfono del agresor de Cristina, que está en poder de las fuerzas de seguridad federales, es una pésima noticia”.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman dijo que “lo del celular es inadmisible. Cuando asesinaron al genocida Héctor Febres, su computadora quedó en custodia en la Federal. Apareció borrada y no se pudo recuperar nada a pesar de los intentos que hicimos los querellantes; la enviamos a expertos en Francia y tampoco pudieron”.
