Nota realizada por ATE Mar del Plata
En las últimas semanas todo el país fue testigo de la fuerte represión que padecieron jubilados y pensionados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En nuestra ciudad las personas con discapacidad están siendo amenazadas por el recorte y el ajuste que pregona la actual gestión del Gobierno Nacional. Durante las primeras semanas de septiembre centenares de marplatenses, batanenses y titulares de pensiones por discapacidad, recibieron en sus domicilios cartas documentos donde se los intimaba a presentarse ante el Centro de Referencia de Capital Humano, ex Ministerio de Desarrollo Social. El cual y según las propias autoridades está cerrado por voluntad política.
Aún así, los y las trabajadores que “sobrevivieron” a los despidos masivos siguen manteniendo sus puertas abiertas y atendiendo al público. En la carta documento, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, se “amenaza” a las personas con discapacidad con una denuncia que ya estaría en curso ante la justicia por supuestas irregularidades a la hora de su otorgamiento.
Según los testimonios de los y las trabajadores, la auditoría que se dio durante el jueves y viernes pasado, que y tendrá otra versión la semana que viene, se citaron alrededor de 300 personas por día. Cabe destacar que la sede local de ANDIS cuenta con solo tres trabajadores que no tenían información previa de los operativos que se iban a realizar.
- Para el primer operativo de dos días se enviaron de ANDIS pocos agentes, solo dos médicos y una trabajadora social, lo cual provocó que las personas estuvieran horas y horas esperando para poder ser atendidas. Los titulares de derecho en su mayoría entendieron que las y los trabajadores estaban haciendo todo lo que podían pero su capacidad estaba excediendo la cantidad de gente citada.
Para el próximo operativo desde la agencia acordaron enviar más personal, para poder brindar una mejor atención a las personas citadas. Aún así, desde este sindicato entendemos que esto no es simplemente una auditoría, sino que el objetivo final es dar de baja pensiones a las personas que más lo necesitan.
Las personas con discapacidad que se acercaron al Centro de Referencia evidenciaban discapacidades de todos los tipos. Sus estudios médicos habían sido previamente revisados por el mismo equipo de trabajadores profesionales que hoy está “auditando su propio trabajo”.
Continuaremos manifestándonos en contra de estas prácticas y tomando acciones concretas que visibilicen el accionar del Gobierno, porque entendemos que la voluntad política de Javier Milei toma a los trabajadores, los jubilados y ahora a las personas con discapacidad, como variable de ajuste para llevar adelante su plan económico neoliberal y criminal.
