Como cada día hábil desde que inició su gestión, el presidente Javier Milei encabezó esta mañana una nueva reunión del Gabinete nacional en el que se trabajó, entre otros puntos, en el análisis de las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo y en las alternativas que supondrá la marcha anunciada para mañana por la CGT y otras organizaciones para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía.
Así lo confirmó en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, quien detalló parte de la agenda que lleva adelante el equipo del Gobierno de La Libertad Avanza.
El portavoz hizo referencia a la agenda de sesiones extraordinarias, confirmó que se trabajó en pulir los últimos detalles de los proyectos y apeló, en nombre de la Casa Rosada, a la “buena voluntad” de diputados y senadores para que “estén a la altura de las circunstancias” y no “obstruyan” el cambio poniendo “palos en la rueda”.
Fuentes oficiales dijeron a Télam que la prometida eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) estará contenida en el primer tema de las sesiones extraordinarias, el que se refiere la “Ley de reforma de las funciones del Estado”.
El viernes pasado a la noche, el jefe de Estado convocó a sesiones extraordinarias del Parlamento.
El Congreso tiene sesiones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, y sólo el Presidente tiene la facultad de convocar a extraordinarias, con un temario fijado de antemano.
La convocatoria incluye once proyectos de ley que Milei considera claves para su gestión, entre los que se destaca una reforma del Estado y cambios en el régimen del Impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, Adorni hizo referencia al decreto publicado hoy en el Boletín Oficial por el cual se “hizo una revisión de las contrataciones” en el Poder Ejecutivo.
“Hay algo de más de 5.000 contratos que son altas del año 2023 que no van a ser renovados. El resto de los contratos entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días”, explicó e insistió en que “todo contrato con alta en 2023 que termina el 31 de diciembre de 2023 no será renovado”.
Asimismo, y ante la marcha convocada para mañana a Tribunales por parte de la CGT y otras organizaciones sociales y gremiales, el funcionario nacional recordó que “sigue abierta la línea 134 para los que se sientan extorsionados para ir a movilizarse” y advirtió que el Gobierno usará “todas las medidas de disuasión” de que dispone, como el protocolo de orden público.
“En este camino de los argentinos que quieren un país distinto, hay otros que no quieren cambiar, que anuncian marchas y protestas, y ahí se verá quien está en defensa de sus propios intereses y quienes se quieren beneficiar con el status quo”, apuntó.
El funcionario dijo que las movilizaciones de mañana han sido tema de “charla y debate” en la reunión de Gabinete de hoy.
“No hablamos sobre hechos inciertos. Cuando tengamos más información les iré informando que medidas se toman”, dijo al ser consultado sobre las posibles acciones que podrían aplicarse.
Aclaró que “todas las medidas de disuasión” que se han tomado el miércoles pasado para la marcha de la Unidad Piquetera “serán las mismas para la marchas de mañana y para cualquiera que pueda existir”.
Como ejemplo, dijo que se controlará “la movilidad de los que participan de la marcha y la reglamentación de los colectivos” que se utilizan para movilizar a los manifestantes.
Otro de los temas anunciados durante la conferencia de prensa fue el inicio de un “auditoría” a todos los beneficiarios planes Potenciar Trabajo, “que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”.
“Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros”, destacó.
En ese sentido, el funcionario comentó que esos “160 mil planes equivalen a 10 mil millones de pesos que los argentinos no tienen ni deben hacerse cargo”.
Adorni agregó que el objetivo de la iniciativa es “transparentar el sistema” y que los planes “dejen de significar un negocio para los intermediarios”.
Por estos días, el fiscal Guillermo Marijuan investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible.
Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.
Marijuan ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.
Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior, muchos de ellos “en numerosas oportunidades”.
