El Gobierno de Javier Milei envió este martes el proyecto que busca bajar le edad de imputabilidad en la Argentina de 16 a 13 años. El documento lleva las firmas del presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y deberá ser tratada en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy).
A través del texto, el Gobierno señala que es necesario “establecer un nuevo régimen penal aplicable a las personas adolescentes, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el CÓDIGO PENAL o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Se trata de una problemática que es continuamente parte del debate público y que ha llegado al Poder Legislativo en diversas ocasiones y con diversas posturas. Entonces, ¿por qué ahora? Para Javier Milei y su equipo de trabajo, “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
La intención siempre fue nítida y había sido adelantada el pasado 28 de junio por los ministros Bullrich y Cuneo Libarona: el Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad. El proyecto ofrece algunos argumentos que giran en torno a legislaciones de países de América Latina y a tratados internacionales a los que adhiere la Argentina que norman sobre “salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes”, aunque no incluye ninguna medida de prevención y/o acompañamiento previo a la comisión de delito para la población afectada.
Concretamente, el espíritu de la modificación pretendida es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. En aquellos casos en donde sea necesaria la privación de la libertad, no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua. En cambio, la pena máxima será de 20 años de prisión. “La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”, se detalla.
En el documento se cita al “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, que indica que la seguridad ciudadana “debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya
la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia“. Sin embargo, en las 19 páginas de desarrollo del proyecto no se menciona una sola política, existente o a reglamentar, que esté orientada a la prevención del delito y la violencia.
Otro de los puntos que generan controversia tiene que ver con lo que se designa como “problemas” de la legislación actual: “Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de DIECISÉIS (16) años quedan impunes.
Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general.
Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus
acciones”.
En continuidad con la falta de prevención, el presidente y los ministros hablan de “situación de injusticia” percibida por las víctimas del potencial delito perpetrado por un/a adolescente. Una vez cometido el delito, llega el Estado para la persona adolescente en forma de proceso judicial. No existió antes para esa persona un Estado que garantice los derechos básicos amparados por la Constitución, que acompañe en la trayectoria educativa, que administre un sistema de salud accesible y de calidad, que despliegue posibilidades culturales.
Se espera que el tratamiento comience en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, presididas por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy). Una vez más, se espera un debate caliente y extenso.
