Por Sergio Salinas Porto – Pte. Asociación Argentina de Usuarios de Internet y Pte. Partido Frente Grande Mar del Plata.
Ante las declaraciones vertidas por el intendente municipal Guillermo Montenegro este viernes en conferencia de prensa, sobre la necesidad de que General Pueyrredon cuente con la posibilidad de utilizar tecnología de reconocimiento facial con el fin de perseguir, recabar y apresar prófugos de la justicia, me veo en la obligación de esclarecer sobre el tema a la ciudadanía, que más allá de seguir utilizando ardides con pirotecnia tecnológica que provocan una profunda confusión en los vecinos y vecinas, esconden a mi parecer, otros intereses que hacen que la utilización de tecnología en el marco de ciudades inteligentes y eficientes, pasen de ser instrumentos democráticos transparentes a ser, indudablemente, instrumentos generadores de procesos opacos y poco claros.
Para poder explicar que es el reconocimiento facial a partir de la toma gráfica de rostros por medio de cámaras de video, debemos en principio ser claros en algo, que esta tecnología es cara, arroja una cantidad excesiva de errores y fallos que solo un pequeño porcentaje de estos datos biométricos podrían ser capaces de utilizarse a los fines de que la justicia y las fuerzas policiales lo puedan usar como una única fuente de arresto o investigación, abusa de los derechos de privacidad de los ciudadanos.
El hecho de que el intendente ponga tanto énfasis, en cambios tecnológicos en la ciudad en los últimos tiempos, para el caso: el cambio del estacionamiento medido, las cámaras de foto multa y ahora la implementación de cámaras de reconocimiento facial, da sospechas que detrás de todos estas medidas, sin respaldo de un plan cuidadosamente diseñado y consensuado con las demás fuerzas políticas, económicas y sociales del municipio, para el traspaso a una ciudad inteligente, como forma de generar políticas de Estado a largo plazo, se encuentran oscuras intenciones que podrían dejar una herida profunda en los derechos civiles, individuales y colectivos de los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán.
Efectivamente, es necesario que haya un debate público sobre la implementación de esta ordenanza y de su impacto en la vida de los ciudadanos, que contemple la privacidad de los datos biométricos antes de siquiera considerar proceder [con] usos especialmente masivos.
Uno de los problemas de este sistema es que no es infalible, puede arrojar falsos positivos y discriminar por el tono de piel y género de una persona, por lo tanto demorar o detener a personas distintas de las que se quiere detener. La decisión sobre el entrenamiento del algoritmo y las tasas de error con las que contará el software biométrico es tanto una cuestión técnica como política.
Para poder perseguir e intentar detener a 30 o 40 personas buscadas en la ciudad se va a escanear el rostro y los datos biométricos a la totalidad de ciudadanos que pasen frente a esas cámaras, casi como querer matar una mosca a cañonazos.
Los datos biométricos están vinculados con la identidad y no se pueden reemplazar, ya que forman parte de la persona, sus características y comportamientos. Esto nos lleva a reconocer que ante una filtración de esas bases de datos, cientos de miles de personas van a encontrarse vulnerables a potenciales abusos y daños personales.
El reconocimiento facial en espacios públicos se convierte en una herramienta de vigilancia y control, en especial, cuando es implementado de manera indiscriminada, encubierta y sin el consentimiento delos ciudadanos y ciudadanas.
Esta tecnología invasiva da por tierra el principio de inocencia, aquí luego de que esto se ponga en práctica, todos somos culpables hasta que el algoritmo determine lo contrario. Indudablemente esto pone en riesgo el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, como el disfrute de los espacios públicos y el desarrollo de nuestra vida en comunidad.
Ya hay fallos en contra, como el de la Camára de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, que confirmo que es inconstitucional el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado por el Gobierno porteño.
La Sala I rechazó las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y confirmó la sentencia de la jueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, que había señalado que el SRFP se implementó sin la debida protección de los derechos de los ciudadanos
Si queremos mayor seguridad y mayor aprensión de prófugos de delitos, primero debemos tener una política de seguridad consensuada con todos, sin mayoría automática o definiciones imperiales, con mayor cantidad de efectivos en calle, mayor presupuesto y políticas consensuadas. La pirotecnia tecnológica, los grandes anuncios y los negocios no son un buen consejero ni para la política, ni para ciudades con las características de Mar del Plata o Batán.
