La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que aumenta las multas para la pesca ilegal, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La iniciativa que reforma y actualiza la Ley Federal de Pesca contó con el respaldo de los senadores del Frente de Todos (FdT), en una videoconferencia que la oposición abandonó.
Con la firma de los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Roberto Mirabella, Eugenia Duré, Jorge Taiana, Antonio Rodas, María Teresa González, Daniel Lovera, Beatriz Mirkin, José Uñac, Carlos Caserio y José Mayans, el dictamen quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión del Senado.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que expuso en el inicio de la reunión de la Comisión, afirmó que la propuesta forma parte de “una estrategia de ejercicio de soberanía” sobre el Mar Argentino y explicó que “no es una medida ni fiscalista ni abstracta, sino que forma parte de una política estratégica”.
En el encuentro, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, mantuvo una fuerte discusión con De Angeli, al que acusó de “no respetar a las mayorías” cuando el senador opositor pidió el uso de la palabra para remarcar que avanzar con el tratamiento de una norma aprobada en forma “ilegal” implica “avanzar contra la Constitución”.
Ante la retirada de los senadores opositores, el ministro Basterra continuó su exposición, junto al secretario de Malvinas, Daniel Filmus, quien lamentó la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio, al sostener que el tema de la pesca “amerita que la Argentina muestre que estamos todos de acuerdo”.
“Nos duele porque trabajamos mucho en este tema, aceptamos sugerencias que estaban bien”, señaló, en alusión al consenso previo que se había logrado con los miembros de bancadas opositoras en ambas cámaras para avanzar en esta ley.
Para el funcionario, la iniciativa que endurece las multas para la pesca ilegal en el Mar Argentino implica “la defensa de los recursos naturales” pero es al mismo tiempo “una estrategia de desarrollo y una mirada hacia el futuro”.
Filmus ponderó, en ese marco, “la recuperación de la idea de Argentina como un país bicontinental”.
Pese a sus objeciones, De Angeli había reconocido que el proyecto “es bueno”, recordó que Cambiemos buscó aprobarlo durante su Gobierno pero aclaró que la sanción “viene mal desde la Cámara de Diputados”.
Con argumento similar, antes de retirarse del encuentro, Bullrich había declarado que se trata de “un buen proyecto”, pero que “está viciado de nulidad por la forma en que se trató en Diputados”.
“No podemos tratar ese proyecto que nuestros diputados están impugnando. Si estamos impugnando legalmente y la Justicia ha hecho lugar, ha dicho que no hay protocolo claro para tratarse, no podemos tratar ese proyecto, no lo consideramos como proyecto valedero”, argumentó.
El presidente de la comisión, Adolfo Rodríguez Saá, sostuvo que el oficialismo da “por válida” la sanción de Diputados y que “se presumen legítimos los actos hasta tanto no haya una declaración de nulidad”.
El proyecto propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.
De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.
