El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en horas del mediodía de este viernes a prisión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “Cuatrerismo” y “Brigada Güemes” y la Comisaría Primera de Monte Grande, en Esteban Echeverría.
El represor de 89 años, que vivió en Mar del Plata bajo prisión domiciliaria hasta marzo, fue condenado por ser coautor inmediato penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía, violación en grado de tentativa, abuso deshonesto, tormentos, y privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas.
Es la cuarta condena a cadena perpetua que recibe el ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la gestión de Ramón Camps y jefe directo de los 21 centros clandestinos de detención, que se lo sindica como el máximo responsable de la trágica “Noche de los Lápices”.
La misma pena recibió el ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci. Sin embargo, de los restantes siete ex policías que estaban acusados, cuatro fueron absueltos y otros tres condenados a penas de entre 6 y 8 años. Los fundamentos del fallo se conocerán el 27 de diciembre próximo.
El tribunal conformado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero absolvió a José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, subinspectores de la Dirección General de Investigaciones de la policía provincial; y a los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza, Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino.
En tanto, el ex cabo de la comisaría primera de Monte Grande Nildo Jesús Delgado recibió una condena de 7 años de prisión por ser partícipe secundario de tormentos agravados; mientras que los ex guardias Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso recibieron penas de 8 y 6 años, respectivamente, según consignó Página 12. Ambos eran responsables de la custodia de las personas secuestradas en Puente 12.
El juicio que concluyó este mediodía había comenzado el 16 de octubre de 2017 y buscó la responsabilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos contra 125 mujeres y hombres en los centros clandestinos Puente 12 y la Comisaría 1 de Monte Grande. De esas víctimas, 64 permanecen desaparecidas. Once eran embarazadas.
