La confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones del procesamiento de los empresarios del transporte público de pasajeros de Mar del Plata por defraudación a la administración pública, llegó en medio del tratamiento de un nuevo pedido de suba del boleto.
En diálogo con PuntoClub (FM96.3); el abogado Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, aseveró que con este fallo el municipio tiene sobrados motivos para interrumpir la relación contractual con los concesionarios del transporte público de pasajeros de Mar del Plata. “Incluso puede confiscar los colectivos y hacerse cargo del servicio”, afirmó.
Cabe destacar que, en el marco de una causa conocida como “choferes fantasma”, esta entidad fue la primera en recibir quejas de desocupados que descubrieron que figuraban en la Anses como empleados de sus empresas, haciendo crecer la nómina de choferes de colectivos para cobrar millones extra en subsidios del Estado.
Los empresarios habían argumentado que apelaron a esa medida que significó apropiarse de 16 millones con el fin de beneficiar a los pasajeros con un menor costo del pasaje de colectivo.
Los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez desestimaron ese fundamento y señalaron que“estamos frente a sociedades comerciales que ejercen su actividad específica en búsqueda de maximizar sus ganancias y minimizar las pérdidas, no son entidades sin fines de lucro o de beneficencia”.
Los empresarios procesados sin prisión preventiva por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública son Juan María Inza Irisarri y su hijo Juan María Inza Decaux, y Federico José Pomero. El proceso alcanza también a sus gerentes y apoderados Diego Basílico, Jorge Alberto Ferraresi y Carlos Málaga.
En su conjunto, son los responsables de las empresas de transporte urbano “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SRL”, “12 de Octubre SRL” y “El Libertador SRL”.
La maniobra se llevó adelante en los meses de enero, febrero y marzo de 2016. Entonces los empresarios y sus apoderados registraron en las cuatro empresas de colectivos a 357 “choferes fantasma”, la mayoría eran desocupados que oportunamente habían dejado su curriculum en alguna de las empresas en busca de trabajo.
Fueron los mismos desocupados quienes advirtieron a la Justicia lo que estaba ocurriendo, pero ellos se enteraron de la peor manera: a medida que iban a cobrar la Asignación Universal por Hijo les informaban en la ventanilla de pago que ya no les correspondía el beneficio: “Usted es empleado de la empresa 25 de Mayo y cobra 20 mil pesos por mes”, oyeron sorprendidos
En tal sentido, Hikkilo sostuvo que a la fecha se siguen detectando más casos y la cifra supera los 400 afectados que deberán ser resarcidos económicamente por el daño sufrido.
