El Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visita Argentina para abordar el tema de la violencia contra las mujeres en la vida política concluyó que en el país “subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad” y calificó el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como un intento de “magnifemicidio”, que estuvo alentado por “discursos de odio”.
Tras iniciar su visita a Argentina el pasado miércoles, las integrantes de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) realizaron una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires.
Allí realizaron una serie de observaciones y recomendaciones como resultado de las audiencias que mantuvieron con mujeres representantes del Estado, sindicatos, periodistas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
“Este Comité pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política”, expresó la presidente del Comité, la peruana Marcela Huaita Alegre, al leer un comunicado con los resultados preliminares de la visita.
En esa línea, Huaita Alegre, exministra de Género de su país, consideró que la violencia contra las mujeres en la política “no son hechos aislados”, sino que “se trata de una práctica ampliamente tolerada” y, dijo, que “esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública”.
La titular del Comité estuvo acompañada por la especialista brasileña Leila Linhares Barsted; su par boliviana Lourdes Montero Justiniano; la psicóloga costarricense Sylvia Mesa Peluffo; la secretaria técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero; la experta independiente argentina Susana Chiarotti, y la responsable de comunicación, Tatiana Bensa.
Huaita Alegre afirmó que entre los testimonios recogidos “hemos recibido un informe” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “donde detalla con bastante argumentación cómo hay un discurso de odio que puede haber estado pavimentando en algunas acciones que terminaron con un intento de feminicidio sobre el cual el comité se pronunció el año pasado”.
De esa manera, se refirió a la reunión que la delegación mantuvo en el Senado con la vicepresidenta en la que presentó un informe de 96 páginas sobre la violencia recibida a lo largo de su vida política.
“Cuando las mujeres participamos en la vida política muchas veces estamos expuestas en relación con nuestra imagen, los insultos sexistas y gráficos que hacen mella de nuestra imagen ante la ciudadanía”, sostuvo Huaita Alegre y señaló que eso sucedió con el caso de Fernández de Kirchner, ya que, tuvo “vejaciones sobre su imagen que han sido replicadas en medios y redes sociales, donde se naturaliza la violencia”.
“Hay una degradación de su imagen que puede llevar al atentado que hubo”, completó.
En tanto, la psicóloga costarricense Mesa Peluffo en declaraciones a Télam calificó al encuentro con la mandataria como “muy agradable” y manifestó que la vio “conmovida y preocupada por su seguridad, porque, según dice, la investigación sobre el atentado va muy lento”.
Durante la conferencia, Mesa Peluffo sostuvo que el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta puede ser denominado como un intento de “magnifeminicidio”, en sintonía, con la calificación que la propia Fernández de Kirchner había realizado sobre el hecho, al decir, que se había tratado de un “femimagnicidio”.
De esa manera, la psicóloga explicó que “cuando hay una muerte de una mujer por su condición de mujer y se da en el ámbito político, podemos hablar de femicidio político”.
En tanto, en el documento leído se señaló que “el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la Vicepresidenta, la Presidenta de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau), o las lideres sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública”.
A la vez, se expuso que “estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática”.
Las integrantes del Comité también recordaron los asesinatos de la concejala brasilera Marielle Franco en 2018 y de la concejala boliviana Juana Quispe en 2012; y además mencionaron el intento de asesinato de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.
De esa manera, la especialista brasileña Linhares Barsted señaló que en la región hay un “aumento” de los casos de violencia política contra las mujeres “cuando se amplía la presencia de la representación política de las mujeres”.
Sobre el caso de la dirigente social jujeña Milagro Sala, Mesa Peluffo afirmó a Télam que la líder de la agrupación Tupac Amaru “es lo que no se espera que sea una mujer” y consideró que eso la pone en un lugar de la “mala víctima”.
“Eso ha determinado que haya tenido un trato sin perspectiva de género”, afirmó, y denunció que “los siete años que lleva presa no se computa dentro de la pena (en su contra), lo cual es absolutamente violatorio de los derechos humanos”.
En declaraciones a Télam, Huaita Alegre explicó que en las recomendaciones preliminares se han dirigido “al poder Ejecutivo para que desarrolle algunos protocolos de investigación en violencia política contra las mujeres; al poder judicial, para que actúe con la debida diligencia cuando hay causas de ese tipo, porque lo que venimos recogiendo es que hay archivamientos en tanto no hay sanciones”.
Y continuó con las recomendaciones “a la Cámara Electoral para que observe estas situaciones que se viene dando a nivel de las provincias, y especialmente a los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad en no seguir replicando esos discursos de odio”.
En esa línea, en su intervención Huaita Alegre había realizado “un llamado de atención” sobre el poder judicial por “haber considerado que puede hacer sus propias capacitaciones independientes del poder Ejecutivo”, y había señalado, que es “muy importante la colaboración entre los distintos poderes del Estado”.
Entre las recomendaciones, también solicitaron al Estado argentino que incluya a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) dentro del boque de constitucionalidad.
Esa convención define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
