La Corte Suprema dio marcha atrás con el fallo que abrió la puerta a presentaciones de cientos de represores y generó una masiva protesta en contra de la impunidad. Ahora rechazó otorgar el beneficio del 2×1 al ex agente de inteligencia Rufino Batalla. Fue por cuatro votos contra uno: solo el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, ratificó su postura en favor de los genocidas.
La Corte Suprema determinó hoy que el beneficio del cálculo del 2×1 no es aplicable a penas por delitos de lesa humanidad. La Corte adoptó esta decisión por cuatro votos contra uno, con la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz.
La nueva decisión de la Corte revierte el fallo que había beneficiado a los condenados por delitos de lesa humanidad, sobre la base del planteo realizado por el represor Luis Muiña. En esa oportunidad, con la firma de Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, los supremos permitieron acotar las penas de acuerdo a los años que los genocidas habían pasado en prisión sin sentencia firme, mientras se desarrollaban los juicios sin precedentes en el mundo contra los crímenes de Estado.
El fallo favorable desencadenó una catarata de pedidos en la misma línea de otros represores, lo que en la práctica, su aplicación implicaba una reedición de la amnistía. En paralelo, la sociedad rechazó de plano la decisión de la Corte y junto a los organismos de derechos humanos realizaron una multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo, el 10 de mayo, que será recordada como la de los pañuelos blancos. Fue una de las pocas veces en que las madres y abuelas autorizaron el uso masivo del pañuelo que las identifica que fue alzado por los presentes en señal de repudio.
El fallo finalmente no se aplicó porque el Congreso emitió una ley que lo impidió, pero aún faltaba una nueva opinión de la Corte. Rosatti y Highton basaron su cambio de postura en esa norma interpretativa aprobada luego, pero Rosenkrantz sostuvo igualmente su posición en favor de los represores.
