El Gobierno dispuso este viernes por decreto una adecuación del límite máximo de ingresos para determinar el cobro de las asignaciones familiares, y a la vez, eliminó los beneficios que alcanzaban a provincias de la Patagonia y del norte del país.
La medida se tomó a través de un Decreto firmado por Gabriela Michetti y publicado este viernes en el Boletín Oficial, que comenzará a regir para las asignaciones familiares que se perciban durante septiembre próximo. Lo suscribió la vicepresidente porque Mauricio Macri se encuentra afuera del país, participando de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica.
Con esta medida, la administración de Cambiemos achicó el techo o tope máximo de ingresos aplicables a los beneficiarios de asignaciones familiares, que bajó de $ 94.786 actuales a $ 83.917. Pero además, la nueva normativa aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los $ 41.959, quedará excluido del cobro de las asignaciones. Antes, el salario máximo para un integrante era de $ 47.393.
Según el Decreto 702/2018, estos límites “no resultan aplicables para la determinación del valor de la Asignación por Maternidad”, ni para los beneficiarios de la prestación por desempleo.
El Poder Ejecutivo recordó que en 2012, la expresidente Cristina de Kirchner modificó las condiciones de acceso a las asignaciones familiares, considerando al grupo familiar a los efectos del pago, en lugar de los ingresos de un solo titular.
En consecuencia, indicó que ahora “resulta conveniente asociar el valor del límite de ingresos mínimo habilitante para la liquidación de asignaciones familiares, con el valor de la base imponible mínima previsional”.
“Más aún, teniendo en cuenta que el Sistema de Asignaciones Familiares, en su faz contributiva, tiene como fuente primordial de financiamiento a las contribuciones patronales y está fundado en los principios de reparto”, añadió.
La adecuación, según el texto oficial, permitirá “evitar la eventual captación indebida de prestaciones de la seguridad social cuando los importes de las remuneraciones son declarados por el empleador en forma ilegítima, por un monto inferior al mínimo”.
Al mismo tiempo, el Gobierno eliminó los beneficios extras que alcanzaban a más de 100.000 chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte, que cobraban más que el resto del país.
Según el decreto, desde septiembre a los trabajadores en relación de dependencia del Interior se les ajustará las asignaciones familiares en hasta un 53% del monto que recibían.
Anteriormente, la Anses dividía al país en cuatro zonas, sobre las cuales les aplicaba un régimen diferencial de la seguridad social. El “valor general” por hijo se ubicó en $ 1.578 hasta junio pasado para el área metropolitana y la mayoría de las provincias, pero se incrementaba entre $ 3.155 y $ 3.407 para otros distritos, dependiendo también de los ingresos de los cónyuges.
Ese plus se percibía según donde vivieran, atento al costo de vida más elevado en determinadas regiones del país, en varias ocasiones en condiciones desfavorables, como ocurre en la Patagonia.
Desde septiembre, los trabajadores registrados de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Formosa, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta pasarán a cobrar el “valor general”.
“El objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos. El extra no tenía un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para poblar regiones y no se podía sostener”, le dijo el director de la ANSeS, Emilio Basavilbaso al diario Clarín.
Asimismo, para evitar irregularidades y “dobles beneficios”, el Decreto 702 elevó de $ 200 a $ 2.816 el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares. Según el Ejecutivo, había empresarios que declaraban trabajadores con sueldos de $ 200 y recibían $ 3.000 de asignaciones.
Desde la Casa Rosada aclararon que en el caso de los hijos con discapacidad no se modificarán los diferenciales por zonas. Adempas de Michetti, firmaron Marcos Peña y Jorge Triaca.
