Según trascendidos periodísticos, sólo se sabe que el encargado máximo del texto por el momento es el nuevo presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Hasta el momento se conoce muy poco porque “tienen el documento guardado bajo siete llaves”, según algunos medios que publicaron la noticia.
Lo que se sabe es que el presidente Alberto Fernández pretende que se trate en sesiones extraordinarias en el Congreso durante febrero.
La última reforma fuerte a la normativa sobre los hidrocarburos en el país fue en 2014, cuando las petroleras necesitaban “garantías” para invertir en Vaca Muerta. Ahora, todo indica que vamos a volver a hablar en el país de algunos temas como la “libre disponibilidad de divisas” que piden las petroleras extranjeras para sacar los dólares que generan con nuestro petróleo y gas.
Además, se habla de la creación de un “fideicomiso con legislación extranjera” que permita girar las divisas libremente al tipo de cambio local.
El lobby petrolero pide “reglas claras para los próximos 30 años”, lo cual habla que no están pensando en cómo salir de la crisis económica que dejó el macrismo en la Argentina, sino en cómo maximizar las ganancias con nuestros recursos naturales.
Por último, y no por eso menos importante, otro punto que se conoce es que hay planes de extender a todas las cuencas petroleras el convenio colectivo de trabajo para Vaca Muerta que firmó Macri con el dirigente sindical Guillermo Pereyra, un convenio que (quedó demostrado) flexibiliza más el trabajo de los petroleros mediante -por ejemplo- la multitarea, reducción de operarios por equipos, flexibilización de horarios laborales, etc.
Ninguna ley puede defender la soberanía, los recursos naturales y la riqueza que tiene nuestro país en materia de hidrocarburos si no contempla favorecer los intereses del pueblo argentino.
Ninguna ley puede ir en contra de nuestra soberanía ni provocar una profundización del modelo de privatización de la energía que se instaló en los 90s con el neoliberalismo.
Si esta ley que presentará el gobierno de Alberto Fernández va a continuar profundizando el proceso de privatización, lamentamos tener que adelantar que esta normativa va a ser absolutamente negativa para el conjunto del pueblo argentino.
No estamos en presencia de una Ley que se va a debatir en el Congreso, impulsada por el Poder Ejecutivo, que fue pensada para el corto plazo, como medida de urgencia ante la crisis. Todo lo contrario, estamos en presencia de una Ley que si no la debatimos públicamente, va a establecer una normativa directamente a favor de las compañías petroleras a largo plazo, pasando por encima a toda soberanía del país y de nuestro pueblo.
Por José Rigane. Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, Sec. Gral. de la FeTERA y del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata
