La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016, anunció hoy que imputará a diez exintegrantes de la cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los que acusa por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los antiguos integrantes del Comando Conjunto Central (CCC) de las FARC tendrán que responder por los delitos de crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio y atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, informó el medio local El Espectador.
Estos hechos, de acuerdo a las investigaciones de la JEP, ocurrieron en Tolima, Huila y Quindío entre 1990 y 2000 y eran parte de la estrategia del grupo guerrillero para tomarse Bogotá.
En un comunicado, la JEP indicó que el grupo guerrillero se financiaba a través de los secuestros y que, a través de la comisión financiera Manuelita Sáenz se creó un “sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado”.
Ocho de los exguerrilleros imputados son considerados máximos responsables por su liderazgo y porque ostentaron el mando sobre seis frentes, tres columnas y tres compañías.
Los otros dos, aunque no tuvieron mando sobre las estructuras del CCC, “son responsables de hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima”.
En la estructura financiera, la CCC creó un complejo sistema de financiamiento por medio de “nóminas” de extorsión enfocado en sectores de la región: arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa, o ser secuestrados como penalidad.
A partir de ahora, los diez imputados tienen 30 días hábiles para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas que conduzca a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas.
Además, se fijó un término de 30 días hábiles para que los comparecientes reconozcan o no su responsabilidad en los hechos e identifiquen la participación de las milicias en la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.
Quienes reconozcan su responsabilidad podrían recibir una sanción propia y quienes no, su proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación para que inicie un juicio donde podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
En su máximo periodo de expansión, el CCC llegó a tener 1.180 miembros, la más pequeña de las estructuras regionales de las FARC.
De 5.219 víctimas de secuestro reportadas en los registros del Sistema de Justicia y Paz, 111 víctimas, es decir, un 2% del total, señalan al CCC como la estructura responsable.
(Fuente: Télam)
