El fiscal Jorge Di Lello inició una investigación penal a raíz de una denuncia contra el Presidente y gran parte de su gabinete por haber pasado por alto el Congreso antes de rubricar el acuerdo con el Fondo Monetario Nacional.
El economista Claudio Lozano había denunciado al presidente Mauricio Macri y a los integrantes del Gabinete de ministros vinculados con el área de Finanzas por haber obviado al Congreso en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Nacional.
En la causa, el fiscal Di Lello escribió que “resultan imputados en las presentes actuaciones el presidente Mauricio Macri ; el jefe de Gabinete Marcos Peña ; el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central Luis Caputo”.
La denuncia contemplaba que se retrotraiga los alcances del acuerdo con el FMI. Di Lello delegó esa decisión al juez Julián Ercolini, quien podría definir una suspensión la vigencia o el alcance, lo que podría convertirse en un escándalo.
Ahora la justicia pide al ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el Gobierno contrajo la deuda para el Tesoro Nacional, entre ellas, “primordialmente”, la del acuerdo Stand by suscripto con el FMI por 50 mil millones de dólares en el mes de junio y el expediente administrativo por el que se tramitó el acuerdo.
La causa se inició con la denuncia de los dirigentes Luis Lozano y Jonatan Baldiviezo contra Macri y sus funcionarios por haber suscripto una operación de crédito público con un organismo internacional que no habría estado contemplado en la ley de presupuesto general, sin contar con una ley que expresamente lo autorice. Es decir que sería violatoria de la Constitución Nacional.
“Considero que el análisis de los denunciantes es verosímil y lógico por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido.
El fiscal consideró que es el juez Julián Ercolini quien tiene que definir si hace o no a una medida cautelar de no innovar al Poder Ejecutivo con la suspensión de los efectos del acuerdoy que ordene al gobierno la suspensión de futuros retiros o solicitud de fondos y la utilización de los fondos ya transferidos.
Di Lello pidió citar a declaración testimonial al jefe de gabinete del ministerio de Economía , quien deberá informar el grado de ejecución del acuerdo cuestionado y del cumplimiento de los compromisos con el asumido, publicó Minuto Uno.