Con el segundo incremento de la nueva ley de movilidad, los haberes subirán 11,7 por ciento en el primer semestre, contra un IPC en torno del 15. Fuerte pérdida respecto de la fórmula de actualización anterior. Macri les apunta a los docentes.
Las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentarán desde junio un 5,69 por ciento, confirmó ayer el Gobierno. Se trata del segundo incremento trimestral según prevé la ley de movilidad jubilatoria sancionada a fines del año pasado, que debutó con una suba del 5,71 por ciento en marzo. A partir del mes que viene, el haber mensual mínimo pasa a 8096 pesos, mientras que la AUH quedará en 1577 pesos. En septiembre, el incremento será del 6,7 por ciento. El actual índice de movilidad está atado en un 70 por ciento al movimiento de los precios minoristas del Indec y en un 30 por ciento a la variación de la remuneración promedio de los trabajadores registrados (Ripte). Ese esquema deja de lado la recaudación de la AFIP, con lo cual los haberes y las asignaciones no podrán ganar en términos reales en la medida en la cual lo hicieron en años previos. El presidente Mauricio Macri anticipó ayer que apuntará a recortar los regímenes jubilatorios especiales, como el que rige para el Poder Judicial, los docentes y mineros, entre otros.
El Gobierno apeló al FMI como socorro ante la corrida cambiaria, aunque las recomendaciones del Fondo vienen siendo muy escuchadas por Cambiemos desde antes de este episodio financiero. En su revisión de la economía nacional prevista en el artículo IV de fines de 2016, el organismo crediticio sugirió cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, atento al incremento del poder adquisitivo que ese índice había permitido a lo largo de los últimos años. A fines del año pasado y en medio de protestas y represión policial, el Congreso sancionó el proyecto oficial de modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones.
La movilidad semestral pasó a ser trimestral. El primer aumento, de marzo, fue del 5,71 por ciento, con lo cual el haber mínimo pasó de 7246 a 7660 pesos. Esa suba se construyó en base a las variaciones del IPC y del Ripte en julio, agosto y septiembre del año pasado. Ayer, la Anses confirmó que desde junio comenzará a aplicarse un nuevo aumento del 5,69 por ciento (correspondiente a las variaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2017). El haber mínimo sube hasta los 8096 pesos. De esta manera, el incremento acumulado es de 11,7 por ciento. El dato está bien por debajo de la inflación, que se espera alcance el 14/15 por ciento en junio. A pesar de la fórmula de movilidad anterior, entre 2016 y 2017 las jubilaciones quedaron unos 6 puntos por debajo del avance de los precios.
También se conoce que la suba de septiembre será del 6,7 por ciento, lo cual implicará un avance en el año del 19,2 por ciento, hasta los 8622 pesos. Según el especialista en temas previsionales, Miguel Fernández Pastor, la vieja fórmula de movilidad arrojaría un incremento del 29,6 por ciento entre las subas de marzo y septiembre 2018, lo cual implica un haber mínimo de 9390 pesos, una diferencia de 768 pesos en relación a la nueva fórmula. Para los jubilados que pudieron contar con un trabajo registrado y acumularon aportes, el Gobierno pagó un bono compensatorio por única vez de 750 pesos. En cambio, los jubilados por moratoria recibieron 375 pesos por única vez. Sin embargo, el desfasaje entre fórmulas no es por única vez.
Por otro lado, en julio algo más de un millón de jubilados que cobran la mínima recibirán 103 pesos adicionales para cubrir la brecha piso del 82 por ciento en relación al salario mínimo, que pasará a 10 mil pesos. Al compás de las jubilaciones suben las asignaciones familiares. Con la suba de junio, la AUH que cobran unos 4.300.000 niños y adolescentes de todo el país pasará de 1493 a 1577 pesos por mes.
De cara a la aceleración del ajuste fiscal que pretende encarar el Gobierno, el presidente Macri anticipó ayer que buscará recortar las “jubilaciones de privilegio”. Si fueran los regímenes diferenciales y especiales, alcanzaría a los docentes, investigadores, científicos y todos aquellos que se desempeñan en actividades que generan un envejecimiento prematuro o lo hacen en lugares insalubres, como los recolectores de residuos, los mineros o en los altos hornos.
