En el contexto de esta crisis estructural del sistema penal la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta en la ciudad de Mar del Plata el Informe anual “El sistema de la crueldad XIII sobre lugares de encierro y políticas de seguridad, niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires”.
Organizado por la Secretaria de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la CTA de los trabajadores, CTA Autónoma, Faro de la Memoria, la Mesa Intersectorial de salud mental comunitaria Mar del Plata, el Consejo local de niñez, la AJB, SUTEBA y FUM, la presentación se realizará este viernes 29 de noviembre a las 18 horas en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Aula 1 Oddone) calle Funes 3350.
La CPM presenta su informe anual 2019 con datos alarmantes: nunca en la Provincia hubo tantas personas detenidas como ahora; la tortura y el gatillo fácil son amparados por la impunidad y sus víctimas olvidadas. La era de los récords y las masacres, como Pergamino, Esteban Echeverría y Monte.
En diciembre de 2018, había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y monitoreo electrónico. En julio de 2019, 50.500. Este es un nuevo récord y la tasa de prisionización también es la más alta de la historia. El correlato directo de esta política criminal es el sobre-encarcelamiento: la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%; es decir, personas que duermen en el suelo o se turnan para dormir.
A su vez, la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención generan condiciones de posibilidad para las violaciones a los derechos humanos en el encierro. Los malos tratos y las torturas se registran de manera regular bajo el amparo de la impunidad judicial y el silencio político. En 2018, a partir de las entrevistas que se realizan durante las inspecciones a los lugares de encierro o las denuncias recibidas por familiares de personas detenidas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó y denunció 12.421 hechos de tortura.
Las masacres ocurridas en estos últimos años son los ejemplos más dramáticos de esos resultados que se pretenden mostrar: primero fue Pergamino, después Esteban Echeverría y hace pocos meses, Monte. Pero estos no son hechos aislados: son la consecuencia de una política que asume la muerte como resultado esperable. Sólo durante 2018, al menos 339 personas murieron bajo custodia del Estado: 140 en cárceles, 180 en neuropsiquiátricos, 17 en comisarías y una en un centro cerrado para jóvenes.
Otras 120 personas murieron por uso letal de la fuerza; el 74 % tenía 30 años o menos y en el 68% de los casos los agentes de seguridad actuaron fuera de su horario de servicio. La letalidad del Estado también tiene su expresión de género: de estas 120 muertes, ocho son mujeres asesinadas por policías en el ámbito privado; de esos ocho casos, cinco fueron caratulados por la justicia como femicidio.
En agosto de este año la CPM presentó el décimo tercer informe en el Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Este viernes realizará esta nueva presentación, además, en el marco de las actividades por los 20 años de la CPM.
Desde el 2002, el organismo despliega tareas de control y monitoreo de los lugares de encierro, y de las políticas de seguridad, niñez y salud mental. En todos estos años, la CPM realizó más de 1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos, y tramitó 45 mil expedientes de víctimas de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La tarea de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad que la CPM realiza desde hace 17 años, motivó su reciente designación como Mecanismo Local de Prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires. La propuesta fue realizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y aprobada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales de prevención de la tortura de manera unánime. Un claro reconocimiento a la larga trayectoria de la CPM en el monitoreo de lugares de encierro con autonomía funcional y financiera, conforme las previsiones del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
