Por Gustavo Casciotti.
Con el objetivo de flexibilizar y desburocratizar termina arrasando todo control y necesaria regulación, que lejos de generar una sana competencia, en una economía concentrada y extranjerizada, termina teniendo efectos lapidarios para la producción nacional.
En esta oportunidad, y a partir del decreto 908, se dispone la baja de aranceles de importación para 89 productos, como neumáticos, motos, café o insumos textiles.
El objetivo declarado por el Gobierno es propiciar la baja de la inflación a partir de la competencia generada por un producto importado más barato. Pero en tanto y en cuanto ponga en riesgo la continuidad de las industrias nacionales, terminaría generando pérdida de fuentes laborales y privaría al Estado de ingentes recursos en materia tributaria, atentando contra el equilibrio presupuestario.
Sin embargo, la baja de aranceles no es el único elemento de la apertura importadora. Deberíamos sumar la apreciación cambiaria que alienta la importación, la eliminación de barreras para arancelarias y del valor criterio-, que evita la sobre o subfacturación de las importaciones y la parálisis del análisis de los procesos antidumping para evitar el ingreso de productos del exterior a precio vil.
Como si todo esto fuera poco, se suma la reducción del plazo de pago para las importaciones, que además tensiona la balanza de divisas y por último, el inminente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que significaría otra jugada para el jaque mate a la industria nacional.
En definitiva, todos los caminos conducen al ingreso irrestricto de productos importados en desmedro de la producción y de la mano de obra local. Lo que nos deberíamos preguntar en este marco recesivo, de licuación de ingresos, de salarios y de jubilaciones, qué porcentaje de la población estará en condiciones de comprar esos productos que ingresan de afuera.
