Por Rodolfo Tailhade *
Así como Mar del Plata se caracteriza, entre tantas virtudes de esta fantástica ciudad, por su belleza eterna, sus interminables playas llenas de pueblo, una oferta gastronómica de primer nivel y opciones infinitas de esparcimiento para todas las edades, la coalición derechista Juntos por el Cambio se caracteriza por una vocación permanente de vulnerar, a través de trampas, engaños y fraudes institucionales, las reglas del Estado de Derecho.
No por casualidad el informe de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de Organismo y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, presidida por el diputado nacional Leopoldo Moreau, que investigó el espionaje ilegal desplegado por el macrismo en el gobierno, calificó al período 2016/2019 como un ESTADO MAFIOSO.
Esta caracterización de la etapa macrista no se interrumpió cuando dejaron el poder. Por el contrario, se consolida cada día que pasa. Esta vez el ataque a la democracia viene de la mano de la maniobra ejecutada en complicidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los bloques legislativos de Juntos por el Cambio, dirigida a tomar por asalto el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El aporte de la Corte Suprema a este ardid conjunto que configura un auténtico golpe institucional, fue la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26080, que regulaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde el año 2006. Este fallo vergonzoso del máximo tribunal del país, contradictorio con precedentes propios que habían declarado en su momento la plena validez y aplicabilidad de esa misma ley, no sólo llegó 16 años después de su sanción, con el 70 % de los jueces federales del país designados de acuerdo con esa norma, sino que implicó además –en un exceso hasta delictivo de sus facultades, ya que lisa y llanamente asumió el rol de legislador- resucitar la vieja ley que regía antes de 2006, que establecía que el Consejo de la Magistratura debía estar conformado por 20 miembros y presidido por el presidente de la Corte Suprema. Algo que jamás había ocurrido en la historia judicial argentina.
En simultáneo, porque no tengo dudas que este gravísimo cuadro institucional fue diseñado de forma conjunta entre Horacio Rosatti, presidente de la Corte, y Juntos por el Cambio, los legisladores de esta fuerza iniciaron una feroz campaña mediática para instalar como sentido común que los dos nuevos legisladores (un senador/a y un diputado/a) que debían integrarse al cuerpo le correspondían de manera indubitable esa fuerza política.
En todo momento hubo coordinación entre ellos, seguros de que iban a arribar a un resultado contundente: el copamiento del Consejo de la Magistratura, con mayorías propias para el quórum y una gran parte de las decisiones que puede tomar ese órgano. No tuvieron en cuenta que desde el Senado de la Nación, Cristina, con inteligencia, valentía y política, les iba a desbaratar sus planes.
El aporte entonces de Juntos por el Cambio a esta estrategia fraudulenta armada junto a Rosatti, consistió en sostener que el criterio para la asignación de bancas en el Consejo de la Magistratura estaba dado por el nivel de representatividad de los bloques parlamentarios oficialmente reconocidos como tal. De tal forma, el nuevo diputado que debería ingresar correspondería a la segunda minoría de la Cámara, esto es a la Unión Cívica Radical.
¿Por qué lo que en principio se presenta como algo adecuado a la ley, constituye en rigor una flagrante ilegalidad? Porque la derecha aplica la ley según su conveniencia, la manipula, la distorsiona y, finalmente, ejecuta su violación conociendo que los sectores más poderosos del Poder Judicial, entre ellos por supuesto la Corte, amparan ese accionar.
Efectivamente, como dicen estos tramposos, la ley 24937, que es la norma que el fallo de la Corte Suprema volvió a poner en vigencia al declarar inconstitucional la ley 26080, establece que serán 8 los legisladores que integrarán el organismo: “… Ocho (8) legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.”
En apariencia, se presenta como justificado el planteo de la derecha para que se designe como consejero a un representante del bloque de la UCR, ya que sería la segunda minoría de la que habla la ley. Sin embargo, esta interpretación está claramente regida por la mala fé, y por lo tanto debe ser rechazada. Es una nueva estafa de estos cínicos que lloran república mientras violan las normas elementales del Estado de Derecho.
En efecto, las dos leyes mencionadas (la 26080, declarada inconstitucional, y la 24937, resucitada por la Corte) establecen lo mismo: que el criterio de distribución de las bancas del Consejo está relacionado con la cantidad de legisladores de cada bloque.
Sin embargo, esta lógica fue vulnerada en diciembre de 2015 por el entonces oficialismo, hoy oposición: impuso lo que ellos mismos denominaron “Acuerdo Parlamentario” como criterio rector para la atribución de las bancas. El “Acuerdo Parlamentario” consiste básicamente en juntar firmas (de cualquiera de los bloques con representación en la Cámara) para respaldar la propuesta de consejero que hacen uno o más bloques, y así fue designado el diputado del Pro Pablo Tonelli como consejero por Diputados, porque el documento que le presentaron tenía firmas que acreditaban que se trataba de un grupo mayoritario dentro de la Cámara.
Esta artimaña significó robarle al entonces Frente para la Victoria la banca que le correspondía, ya que esa fuerza tenía que designar al reemplazo del consejero que terminaba mandato en aquel momento. Para que quede claro, no era una banca en disputa, era la banca que por 4 años (en ese momento había transcurrido la mitad del mandato) le pertenecía al peronismo, que sólo tenía que designar.
Es decir, en 2018 el macrismo violó in totum la tradición parlamentaria y sobre todo las reglas jurídicas e institucionales que desde siempre regularon la designación de los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura, y esa maniobra fue convalidada posteriormente por su socio estratégico, el Poder Judicial de la Nación.
Este nuevo formato (ilegal) de selección de consejeros implementado por el PRO y la UCR, se le volvió en contra a la derecha en 2018, cuando se eligieron consejeros para el nuevo mandato de 4 años que iniciaba ese año, pero esta vez el “Acuerdo Parlamentario” que juntó más firmas fue el que presentaron las distintas vertientes del peronismo junto a otros aliados. Hubo más firmas entonces para Graciela Camaño y Eduardo de Pedro (un año después reemplazado por la diputada Vanesa Siley), que para Pablo Tonelli y Mario Negri, los candidatos de la derecha.
Ahora, luego del fallo/chantaje de la Corte, los cínicos pretenden volver a cambiar las reglas de juego y plantean que la designación del 4to. Consejero debe regirse según lo que marca la ley, esto es de acuerdo a los bloques parlamentarios oficialmente reconocidos por la Cámara. Es decir, cuando les conviene el criterio es el “Acuerdo Parlamentario”, como en 2018, y si no les sirve la lógica de designación es por cantidad de integrantes de cada bloque.
No encontramos así con el absurdo que de los cuatro consejeros de la Cámara de Diputados elegidos para el período 2018/2020, tres fueron elegidos de acuerdo a un método y el 4to. de acuerdo a otro, en línea con lo planteado por la oposición y conforme la resolución adoptada por el presidente del cuerpo Sergio Massa.
En cambio, en el Senado de la Nación la cosa fue distinta, y Cristina no permitió que se despliegue en su totalidad esta burla institucional de la Corte y el macrismo, y por eso se tomó la decisión de desdoblar el bloque oficialista, de manera de que los consejeros por ese cuerpo representen efectivamente la realidad de los bloques en esa Cámara. Muy diferente es la situación en diputados porque el bloque mayoritario sólo tiene un consejero (Vanesa Siley), el macrismo a pesar de ser la primera minoría tiene 2 (Tonelli y la recientemente designada Reyes) y el cuarto consejero representa al denominado Interbloque Federal (Graciela Camaño).
La jugada del Frente de Todos en el Senado desarticuló el golpe blando ensayado por el equipo Corte/macrismo, porque impidió lo que la derecha consideraba un hecho: que iban a tener más consejeros que el peronismo, a pesar de ser minoría en ambas cámaras.
Cristina –como siempre- nos marca el camino. Con coraje se plantó frente a la violencia irracional de la Corte, el macrismo, Clarín, Infobae y La Nación, y nos mostró que la política es el camino.
El senador nacional Martín Doñate, elegido por el cuerpo para asumir la banca del 4to. consejero, papel que, me consta, va a representar con responsabilidad y dignidad, lo dijo bien clarito: “Esta misma Corte Suprema que apadrinó la mayor cacería judicial de la historia de la democracia nos viene a extorsionar y someter a los demás poderes del Estado. No se puede gobernar con miedo, no podemos transformar las sociedades si tenemos miedo a tomar decisiones. Porque si seguimos obturados por el miedo terminaremos siendo como esas gallinas que, en nombre del diálogo y el consenso, discuten con cuatro zorros lo que van a cenar”.
- Nota de opinión realizada para MdpYa por Rodolfo Tailhade, abogado penalista y político argentino. Actualmente es diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque del Frente de Todos.
