El edil del Frente de Todos, Vito Amalfitano, se expresó a través de la red social Twitter, en el marco de la presentación de un expediente sobre un software para la detección de rostros en la Comisión de Seguridad, sin embargo por la falta de respuestas, consideró que hay una «falta de transparencia» en la cuestión.
Ante la falta de información, la Comisión de Seguridad pedirá mayores detalles al gobierno municipal sobre el proyecto para implementar un software para el reconocimiento facial de prófugos de la justicia, a aplicarse a través de la cámara del sistema de monitoreo municipal operado en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
“Preocupa por la protección de los datos y la privacidad de nuestra comunidad, además de que no se suministra información sobre las empresas privadas involucradas. Presentaron y aprobaron rápidamente, con su mayoría en esta comisión, ordenanzas para contratar un software de reconocimiento facial de las personas y la utilización de una app para denuncias de infracciones”, explicó Amalfitano y reclamó que “no supieron contestar qué empresa de software se contrataría, quién administrará la información y cómo se van a garantizar los derechos de privacidad, entre otras preguntas.”
En este contexto, desde el bloque del Frente de Todos advirtieron sobre los falsos positivos que aparecieron en otras ciudades donde se aplicó el reconocimiento facial.
“En cuanto a la aplicación de denuncias, tampoco hay certezas ni transparencia. No queda claro en el expediente quién constatará la veracidad de las denuncias, por qué es necesario que los denunciantes registren sus datos, con cuántos agentes o inspectores cuenta el municipio para esa constatación o si se realizará de manera remota a través de las cámaras”, apuntó.
También aclaro: “No estamos en contra del buen uso de la tecnología para combatir la inseguridad, pero estamos convencidos de que viviremos menos seguros si nuestros datos y nuestra privacidad pasa por manos privadas que ni siquiera aun conocemos.”
Por último, mencionó que: “Estos dos proyectos, llamativamente, son los número 1029 y 1031, adosados al del escándalo de las fotomultas, el 1030, expediente a través del cual Montenegro pretende que se firme un convenio que perjudica al erario público, también con una empresa privada de por medio, con nula transparencia y cuyo tratamiento arrancó con la violación de un instrumento público.”
