La norma limita el derecho a huelga, establece la figura de “apariencia delictiva”, habilita los desalojos exprés y elimina la obligatoriedad de la educación inicial, entre otros aspectos cuestionados. La oposición la rechaza y la votación será una suerte de plebiscito del actual gobierno.
El próximo domingo 27 de marzo los uruguayos acudirán a las urnas para decidir si derogan, o no, 137 artículos de una de las leyes centrales del gobierno de Luis Lacalle Pou, promulgada durante sus primeros meses de gestión, en plena pandemia. La Ley de Urgente Consideración, más conocida por sus siglas LUC, concentra artículos fuertemente cuestionados por sectores de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales y de derechos humanos.
Esta megaley, o ley ómnibus, limita el derecho a huelga, establece la figura de “apariencia delictiva”, habilita los desalojos exprés, elimina la obligatoriedad de la educación inicial y aumenta el límite de transacciones en efectivo, entre otros aspectos cuestionados.
Para llegar al referéndum de este domingo, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos y prácticamente todos los sectores de la oposición articularon una campaña nacional con la que lograron reunir 750 mil firmas, para habilitar la votación y poder derogar los artículos más polémicos.
A días del referéndum, el panorama podría leerse como el de un sondeo nacional sobre la aceptación o rechazo del gobierno dado que quienes votarán por el NO, esto es a favor de la LUC y por la no derogación, son en su mayoría “blancos” y apoyan al gobierno. Enfrente, quienes votarán por el SÍ, o sea en contra de la LUC y a favor de la derogación, son los detractores al gobierno del Partido Nacional, la mayoría de ellos identificados con el Frente Amplio.
Qué establece la Ley de Urgente Consideración
El 8 de julio de 2020 el Congreso uruguayo sancionó la Ley de Urgente Consideración (LUC), de 475 artículos, eje de la gestión de Lacalle Pou y que aborda cambios en áreas tan diversas como seguridad, salud, educación, energía y derechos laborales.
Entre otras cuestiones, la LUC limita el derecho de huelga ya que declara ilegítimos los piquetes en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, establece la figura de la “apariencia delictiva” y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que, según las críticas, habilita el lavado de dinero y permite la evasión impositiva.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas. También habilita el cierre y/o privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
Urgente Consideración
La Constitución uruguaya establece que el Poder Ejecutivo puede enviar al Congreso proyectos de ley considerados de “urgente consideración”, lo que habilita un tratamiento exprés en el recinto.
Desde la restauración democrática, en 1985, apenas 13 proyectos de ley fueron enviados al Legislativo con esta condición de urgente consideración: 9 fueron aprobados y 4 rechazados, pero solo 3 de esas iniciativas eran de la categoría “ley ómnibus”, como esta.
Los puntos más cuestionados de la LUC
- Flexibiliza el uso de la fuerza policial.
- Avanza sobre la regulación del derecho a la huelga y declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados, con la consecuente facultad para disolverlos.
- Extiende el concepto de legítima defensa a un bien material.
- Alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona.
- Otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”.
- Elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.
