Esta mañana, cuando nadie se lo esperaba, el desembargador Rogério Favretto, juez de turno en el Tribunal Regional Federal de la IV Región —el mismo tribunal que ratificó la condena contra Lula impuesta por el juez Sérgio Moro y ordenó que comenzase a cumplir provisoriamente la pena—, aceptó un recurso de habeas corpus presentado por los diputados del PT Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira y dictó una medida cautelar donde ordenó que Lula fuese liberado inmediatamente, hoy mismo, de la prisión. Sin embargo, esa orden quedó atrapada en una guerra judicial.
La decisión sorprendió al país, pero lo que vino después fue aún más sorprendente. El juez Moro, de licencia por vacaciones, anunció que ignoraría la decisión de Favretto y no permitiría la liberación de Lula, a pesar de no tener autoridad para ello. Moro es juez de primera instancia y Favretto, desembargador, es decir, está un escalón encima suyo en la jerarquía judicial.
El Ministerio Público, único órgano realmente autorizado para cuestionar la decisión, presentó un recurso de reconsideración que debería ser juzgado por el propio Favretto, pero otro juez de igual jerarquía, João Pedro Gebran Neto, relator del proceso original contra Lula en el TRF-4, anuló la decisión de su colega, con el argumento de que este había sido “inducido al error” por la defensa del expresidente.
El problema es que a Gebran Neto no está de turno este domingo y, por lo tanto, no le correspondería decidir nada hasta mañana. Técnicamente, lo que podría haber ocurrido es que Lula saliese en libertad hoy y Gebran Neto lo enviara nuevamente a prisión mañana (lo cual ya sería, de por sí, bastante escandaloso), pero la intervención de este magistrado contra la decisión de su colega provocó una crisis en el poder judicial.
Por cierto: entre la decisión de Favretto y la de Gebran Neto pasaron varias horas, durante las cuales el “alvará de soltura” (orden judicial que dispone la libertad inmediata de un detenido) estaba plenamente vigente y fue ignorado por la Policía Federal. Legalmente hablando, durante ese período, Lula no estaba preso, sino secuestrado.
Pero la legalidad, en Brasil, desde el golpe parlamentario que derrocó a Dilma Rousseff y dio inicio al gobierno ilegítimo de Michel Temer, el presidente más impopular de la historia de Brasil según las encuestas, es un concepto extremamente flexible. Sobre todo cuando se trata de Lula.
Tras la decisión del juez Gebran Neto de anular la decisión del juez Favretto, este último emitió una nueva decisión donde dejó sin efecto la del primero. Favretto aclaró en su nueva sentencia que no había sido inducido al error, respondiendo a la chicana de su colega, dispuso que el juez Moro sea investigado por incumplimiento de su decisión anterior, ratificó su competencia como juez de turno y le dio una hora de plazo a la Policía Federal para que libere a Lula.
El plazo dado por el juez de turno venció y Lula seguía preso, sin ningún instrumento legal que lo justificara. Es decir, nuevamente, secuestrado. Las informaciones que llegaban de Curitiba eran confusas y contradictorias: que está haciendo los exámenes médicos y ya sale, que la Policía Federal dice que aún no fue notificada, que la notificación llegó recién a las 17:41, entonces el plazo vence a las 18:41, que ya son las 19 y aún nadie informa nada. Cuando ya no quedaba forma de argüir que el plazo legal no había vencido, fuentes de la PF empezaron a decir que solo liberarían a Lula si se los ordenaba el presidente del TRF-4, Eduardo Thompson Flores Lenz.
Era insólito: ahora la policía decidía qué juez quería que les dé las órdenes. Finalmente, sucedió lo que ya parecía previsible: este último juez dictó una nueva orden convalidando a posteriori la actuación ilegal de la PF, revocó la orden de libertad y le transfirió la competencia fuera de turno al desembargador que quería a Lula preso.
Mientras tanto, Lula sigue arrasando en todas las encuestas y, preso en Curitiba, continúa siendo el terror de quienes llegaron al poder por la ventana hace dos años y, ante la inminencia de unas elecciones que no podrían suspender sin acabar con la apariencia de legalidad que aún mantiene el régimen instalado en 2016, buscan atajos para no tener que irse por la puerta.
Por Bruno Bimbi para TN-NA
