Desde que asumió como presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata ha hecho de la “absoluta confidencialidad” un culto que va a contramano de la transparencia que dice pregonar desde el discurso y los aires de cambio con los que asumió el nuevo gobierno.
Esas dos palabras resumen la gestión de Martín Merlini como autoridad portuaria. Son las que utiliza su asistente cada vez que envía el mail con el borrador de las actas del directorio para su redacción final. Tres miembros del Directorio reconocieron ante este cronista haber recibido el mensaje con ese requerimiento.
Merlini hizo referencia esta semana al cuestionamiento que vengo haciéndole desde que formó el cuerpo de asesores porque mantiene las Actas en la más oscura de las sombras. “Las actas no estamos obligados a publicarlas. Es un consorcio público pero no está obligado a publicar aquellas informaciones que no sean de carácter público”, dijo el Presidente del Consorcio en Radio Mitre.
Qué es público y qué no, queda a criterio de este funcionario amigo del secreto y el silencio. Si hay información que requiere absoluta confidencialidad, a quién beneficia… si no hay nada que ocultar… por qué la consigna.
El derecho de acceso a la información pública está amparado por la Constitución Nacional, con la reforma del artículo 6 de la carta magna, y los tratados internacionales. Está regulado a nivel nacional por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Que alguien le avise a Merlini que la Provincia de Buenos Aires adhirió a ese derecho al promulgar la Ley 12.475. Que el Consorcio es un ente bonaerense lo debe saber
“Las actas de directorio no revisten el carácter público. Informamos lo que estimamos que tiene un interés público. No todo es de interés público”, insistió Merlini. Él estima, él considera, él cree… Amo y señor del puerto.
Si no fuera porque este cronista tuvo acceso a la contratación directa del estudio Larrague & Asociados por 540 mil pesos para redactar los pliegos de licitación para la privatización del predio de los silos, no lo hubiésemos sabido. Porque para Merlini esa información no es de interés público.
Cuántas más asesorías externas contratadas para amigos dispuso Merlini. Por qué le pagó una cifra millonaria a un gerente General para echarlo cuando solo había que esperar a que se jubile. Todo queda en las actas que Merlini oculta.
En qué grado de avance esta el operativo desguace de cascos de pesqueros en la sección 4ta y 5ta, anunciada antes de fin de año pasado. Por qué no funciona el lector magnético de plásticas en los accesos a las terminales desde hace más de 3 meses. Merlini contesta lo que le conviene. Lo demás, fácil… no es de interés público.
El anuncio de la contratación del estudio o la indemnización a Walter Sivina obviamente no salió en ningún lado. Todavía estamos esperando el pliego. Los ingenieros portuarios fueron contratados en noviembre. En marzo la nación cedió a la Provincia el predio de 4 hectáreas. Merlini dijo que en 60 días estaban listos. Ya superamos los 100 y siguen hablando con los actores portuarios… Intentar quedar bien con Dios y con el Diablo genera lógicas demoras.
“Los dineros públicos del consorcio se hacen públicos a través del presupuesto. No lo hacemos público porque no estamos obligados a hacerlo”, dijo Merlini, amigo de la transparencia y del trabajo en equipo que solo es un slogan en redes sociales.
Merlini anunció la puesta en marcha de la segunda etapa del dragado que comienza en los próximos días sin siquiera tener aprobado el plan por el Directorio. No queda claro cómo fue que el año pasado Canlemar cobró los 3,4 millones de dólares previstos para la obra, cuando dragaron casi un 50% más de metros cúbicos de sedimentos y el plazo de obra se prolongó un 80% más que el plazo original.
Si, a Merlini no le parece relevante. Eso sí, dice que está todo pago en 6 cuotas iguales y consecutivas. Pero no muestra un papel. Uno solo.
Tampoco es de interés para Merlini mostrar las batimetrías cuando terminó el dragado o la composición de los sedimentos de la posta de inflamables y la de la zona de giro. El sentido común marca que en ambos sectores hay metales pesados que necesitaron un tratamiento especial. Pero solo lo aplicaron en el área de giro. Por qué… Si, adivinaron…para Merlini no tiene interés público.
“No nos atraviesa la ley de transparencia pública”, dice Merlini. Es rarísimo porque lo que se le reclama, que derribe todas las barreras para acceder a la información que genera el Consorcio como la publicación de las Actas del Directorio, sí se hacía en la gestión de Eduardo Pezzati, hace 6 años. Todas las actas quedaban reflejadas en la página web del Consorcio en formato PDF.
“Las resoluciones que toma el directorio, si tienen carácter público, interés específico público se publican, si no lo tienen no estamos obligados a publicarlas. Hacemos lo que marca la ley”, remarcó el funcionario nombrado por la gobernadora María Eugenia Vidal.
La sección Resoluciones, en la página web del Consorcio, es una oda a la oscuridad más absoluta. La norma más actual publicada es una de enero de 2015. Claro, sí, Merlini todavía no había entrado en funciones.
“Nosotros sabemos lo que estamos haciendo”, dice el administrador a modo de conclusión. Eso es justamente lo que quiero Merlini. Saber qué está haciendo. Si su gestión es tan transparente por qué no muestra las cartas. Deje que pueda decidir qué tiene interés periodístico y qué no.
Casi 30 meses de gestión es tiempo suficiente para darse cuenta que es la máxima autoridad. Mar del Plata puede ser un puerto subdesarrollado, colapsado, anárquico y hasta abandonado.
Pero es un puerto público, no la agencia marítima en la que usted trabajaba.
Producción periodística especial por Roberto Garrone, especial para El Marplatense
