Por Matías Maciel, Presidente del PTP
En la vastedad del mar argentino, se teje una trama legislativa que compromete la soberanía y el sustento de la industria pesquera nacional. El proyecto de Ley Ómnibus, presentado para su tratamiento en el Congreso Nacional, despliega un capítulo que rediseña, de manera sustancial, el entramado federal de pesca establecido por la ley 24.922.
La pesca argentina, desde los 90’, viene sufriendo un proceso de desnacionalización y debilitamiento. La concentración y extranjerización, con idas y vueltas, se fueron desplegando poniendo en jaque un entramado productivo caracterizado por la diversidad de actores y de escala. Los trabajadores, y sectores del empresariado local, resistieron a estás políticas. La modificación que propone Milei, dentro de la “Ley Ómnibus”, es lisa y llanamente ponerle el cartel de clausura a la industria pesquera nacional o reducirla a su mínima expresión.
En el corazón de esta propuesta yace una modificación crucial del artículo 27 de la Ley Federal de Pesca. Esta reforma propone un cambio radical en la distribución de las cuotas pesqueras, introduciendo un sistema de licitaciones internacionales que premia al mejor postor por encima de criterios arraigados en la historia pesquera nacional. Este giro, que relega prioridades como la mano de obra local, las inversiones en el país y el historial pesquero, plantea una amenaza latente para la industria.
¿Quién va a invertir en la construcción de un nuevo buque si no sabe si podrá luego acceder a una cuota de captura? Lamentablemente nadie. Tira por la borda, de un plumazo y sin discusión, una larga lucha por fomentar la construcción nacional. Debates, movilizaciones, iniciativas legislativas y toda una historia de esfuerzo de trabajadores y empresarios, se pierden por el capricho dogmático de liberales improvisados y con nulo sentido nacional.
El impacto de estas modificaciones se cierne ominosamente sobre el sector pesquero argentino. La apertura a licitaciones internacionales augura la preeminencia de empresas foráneas, amenazando la estabilidad de las actuales operaciones nacionales y, con ello, el sustento de miles de familias. Este tipo de licitaciones solo se realizan, en la actualidad, en países africanos como Mauritania, Senegal y Namibia. Otros países, utilizan este tipo de instrumentos solo para la explotación de especies que no pueden capturarse o procesarse en el país.
La eliminación de la exigencia de desembarque en puertos nacionales para buques con permisos argentinos abre una puerta a prácticas dudosas desde puertos extranjeros, sometiendo la actividad pesquera a una nebulosa regulación e hiriendo de muerte todos los entramados productivos que se desarrollan en las ciudades portuarias.
La derogación de la obligación de tripulación nacional solo agrega combustible a esta situación, permitiendo el posible reemplazo de la mano de obra argentina por contingentes extranjeros.
El horizonte económico se tiñe de incertidumbre con estas reformas. La posibilidad de que empresas extranjeras operen con personal íntegramente foráneo y descarguen su captura en puertos extranjeros desencadena una pérdida inminente en términos de empleo, ingresos y recaudación fiscal para la nación.
Las cuotas de especies clave vencen en breve, en diciembre de 2024, y de aprobarse este proyecto, su distribución se desplegará mediante licitaciones internacionales, desafiando la esencia misma de la pesca argentina.
Las cámaras empresariales van a reaccionar. Los sindicatos también. Es una lucha por la supervivencia. Más de cien años de industria clausurados por una iniciativa legislativa abrupta, inconsulta, improvisada y viciada de inconstitucionalidad. Ni el país más suicida del mundo entrega su caldero, su recurso y sus áreas marítimas estratégicas. Menos, mucho menos, un país que mantiene un conflicto territorial cerca de sus costas, menos, mucho menos, un país que tiene un largo desarrollo en la materia. El país tiene fábricas, construye barcos, tiene un amplio recorrido en formación profesional y desarrollo de tecnología en el área. No estamos ante un “error” o un “descuido” como plantean algunos funcionarios locales, estamos ante una búsqueda obscena de terminar con la industria, la dignidad y la soberanía. Una búsqueda de reprimarizar nuestros recursos ictícolas y llevarse lo nuestro a bajo precio. Con resultados cantados: Saldos ambientales inimaginables y una ciudad, en el caso de Mar del Plata, destrozada y hundida en el desempleo. Esperemos que los representantes políticos estén a la altura de los desafíos planteados.
En síntesis, este proyecto de modificación del régimen pesquero, de ser aprobado, perfila un nuevo capítulo en la historia del avance del capital internacional sobre nuestros recursos nacionales. Equivalente, en su esencia, a la revocación de la ley de tierras, este cambio legislativo exige reflexión y análisis detallado antes de comprometer el futuro y la independencia económica de la nación.
