La Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, mantuvo su primer encuentro del año, contando con la presencia del administrador apostólico de la diócesis de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando. Dicho espacio, que es coordinado por Ana Laura Vulcano, reúne desde el Obispado de Mar del Plata a más de treinta actores que representan a los movimientos sociales, universidades y escuelas, confesiones religiosas, ONG y sectores empresarios, entre otros.
En la reunión, los dirigentes presentes compartieron en un fecundo intercambio las distintas miradas sobre la realidad social. Centraron la preocupación en la cuestión alimentaria, la incertidumbre en torno al Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), y las condiciones económicas que permitan la generación de empleo.
En un comunicado expresaron: “Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 57,4% de los argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza. En este contexto alarmante, vemos con preocupación la escasez de alimentos en los comedores de los barrios populares, que implicó el cierre de algunos de ellos en nuestra ciudad.”
“La inflación -que en alimentos alcanzó en el último año alrededor del 300% según algunas estimaciones-, hace que la actualización nominal del presupuesto de algunos programas no alcance y que hoy sea urgente atender desde los distintos niveles del Estado a esta problemática que desde hace tiempo afecta de manera directa a niños y a familias enteras. Quienes tenemos la posibilidad de comer todos los días no podemos dormirnos o mirar para otro lado” agregaron.
Asimismo, destacaron el mensaje del papa Francisco en ocasión de la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), quien afirmó que “el Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social.”
Los dirigentes de la Mesa del Diálogo expresaron también compartir “la preocupación por el financiamiento del FISU, y de las obras en marcha y por ejecutarse en el marco de la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU) de la Nación, las cuales, al decir del documento del 26 de febrero del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina, constituyen “prácticamente la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”, a través de la cual “muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios”, citaron.
“Estas obras, han permitido además acceder a la dignidad del trabajo a hermanos y hermanas hasta entonces ajenos al trabajo formal, posibilitándoles así una formación y una experiencia que potencian sus capacidades para fortalecerse en su aspiración a un trabajo de mayor calidad que les permita poder recuperar la mesa familiar en la que se elija qué comer, como así también ejercer la totalidad de sus derechos”, agregaron.
Asimismo detallaron que “en nuestra ciudad de Mar del Plata, administrando con transparencia esos fondos, se posibilitó –a modo de ejemplo- la construcción en 8 meses en el sur de Mar del Plata, del Club Barrial Divino Niño. Hoy se encuentran adjudicadas más de 60 obras, de las cuales la mayoría está en ejecución y hoy se encuentran detenidas –algunas en su etapa final- debido a la suspensión de los pagos comprometidos.”
A su vez afirmaron: “comprendemos que las medidas gubernamentales tendientes a acabar con el flagelo de la inflación que nos golpea hace tiempo, implicarán cambios en distintas políticas, pero sin desatender en ningún momento a quienes más padecen.”
“Valoramos los esfuerzos tendientes a preservar y potenciar el empleo en el ámbito del sector privado, el cual hoy ante un escenario de limitación del poder de compra por parte de casi todos los sectores, se encuentra fuertemente amenazado” continúa el comunicado.
Finalmente, el documento concluye citando una vez más las palabras del papa Francisco en el mismo mensaje: “Todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No. El ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas?”.
“Ratificamos la vocación de diálogo de esta Mesa para que un marco de paz, las periferias estén presentes con su realidad ante quienes tienen la responsabilidad de construir una sociedad más justa”, concluyeron.
