Los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires desataron una pulseada entre el Gobierno Nacional y el distrito porteño que la Corte Suprema zanjó con un fallo que le dio razón a la administración capitalina que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, pero el conflicto persiste y por ahora parece no tener salida clara.
El jueves pasado, los abogados de la Ciudad se presentaron nuevamente ante la Corte para rechazar el pago de los impuestos coparticipables con bonos TX31, tal como había anunciado que se abonaría el Gobierno nacional.
Los funcionarios porteños fundaron la protesta en que la Constitución prescribe que los fondos coparticipables deben estar disponibles y líquidos al momento de ser recibidos por el distrito, características que a su criterio no cumplen los bonos del Estado nacional.
“Cabe señalar que la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2, expresamente establece que los regímenes de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidez, dos características de las que carecen los bonos”, señalaron.
Pero si bien la discusión es técnica, también tienen un elemento político que involucra a la mayoría de los gobernadores provinciales que estiman que el aumento para la Ciudad es injusto y que impacta directamente en sus cuentas públicas.
El miércoles, un grupo de gobernadores peronistas concurrió a la Corte para ser tenidos en cuenta al momento de definir el reparto de impuesto coparticipables entre los distritos, sobre la base de lo que consideran un beneficio injusto para la Ciudad.
Sobre esta convicción, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kichner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) se presentaron ante la Corte con distintos recursos.
“La Corte, con una medida cautelar política, infundada y arbitraria, ha beneficiado al distrito más rico de la Argentina, disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas”, señaló enfático Kicillof.
“Reiteramos una vez más nuestro derecho a ser oídos para manifestar la voz de 17 millones de bonaerenses y expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado nacional”, cerró el gobernador bonaerense.
Aunque cruza la historia del país, este capítulo por los impuesto se inició cuando Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión presidencial, subió la cuota porteña del 1,40 por ciento al 3,75, un incremento de más de dos puntos que Juntos por el Cambio justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad.
En septiembre de 2020, la gestión del Frente de Todos (FdT), evaluó que ese incremento de más de dos puntos era injusto para el resto de los distritos y la bajó cerca de un punto para dejar la porción porteña en un 2,32 por ciento.
Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.
La Ciudad le reclamó a la Nación que le pagara los “fondos retenidos” desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló que “además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.
Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento mediador fracasó.
Finalmente el 21 pasado la Corte, con la firma de sus cuatro integrantes, dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables.
En principio, la gestión de Alberto Fernández amagó con desconocer el fallo, haciéndose eco de las quejas de catorce gobernadores que rechazaron la decisión por injusta y poco respetuosa del federalismo, pero luego aceptó la decisión aunque el pago se haría con bonos del Tesoro.
Esto implica que si bien el fallo se cumple en su principal mandato, el desembolso del Estado Nacional no se hará inmediatamente.
“La Corte sacó un fallo vergonzoso entre gallos y medianoche dándole más fondos a Horacio Rodríguez Larreta, que administra el distrito más chico, con menos necesidades y más rico del país en detrimento de todas las provincias”, justificó el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.
El contrapunto Nación-Ciudad por los fondos coparticipables, con raíces históricas en la definición de un proyecto de país, quedó cruzado esta semana por la filtración de conversaciones digitales entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles, que mostraron la coordinación de estrategias de comunicación entre el máximo tribunal y el funcionario porteño.
D’Alessandro dijo que los mensajes eran falsos pero para el oficialismo son la prueba del funcionamiento político-económico coordinado entre la Corte y Juntos por el Cambio (JxC).
“Los chats entre D’Alessandro -ministro de Seguridad de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta- y Silvio Robles -mano derecha del ‘supremo’ Rosatti-, confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer Justicia para hacerle favores políticos a JxC a través de sus fallos”, resumió el ministro de Justicia, Martín Soria.
