El conjunto de profesionales nucleados en Prestadores Unidos Mar del Plata se manifestó este miércoles en la puerta de la sede local de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Al reclamo por actualización salarial y la regularización del calendario de pagos, se sumó la fuerte oposición a la resolución que busca implementar GPS y código QR para controlar el trabajo diario.
Trabajadores de la psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, educación, salud, kinesiología y otras áreas comprometidas con la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de personas con discapacidad volvieron a la calle. “Nos reunimos hoy frente a la Superintendencia de Servicios de Salud para pedir la derogación automática de la resolución 2484/23”, dijo Jésica Machado, referente de Prestadores Unidos MdP, en diálogo con MdpYa.
“Esta resolución fue dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud y por el superintendente anterior Daniel López el 7 de diciembre, último día hábil de la gestión anterior, y es una resolución que habla de la posibilidad de generar una app de control para las prestaciones, a los prestadores y a las personas con discapacidad a través de un sistema de geolocalización y de control de las asistencias mediante un código QR”, explicó la profesional.
Brevemente, la resolución supone la creación de una app que tendrían que descargar todas las partes comprometidas en un tratamiento: paciente, transportista y profesional. Allí se generará un QR que serviría para un control “en cadena”. “El transportista debería tomar la asistencia a través de ese código QR y actualizar, a través de un GPS o geolocalización, toda la ruta que hace hasta el lugar de atención. Una vez llegado a ese lugar, el profesional debería, con la misma app bajada, poder verificar la asistencia de ese paciente, y al finalizar la sesión volver a hacer el trámite a la inversa”, detalló Machado.
Son múltiples las falencias que encuentran tanto trabajadores como pacientes y sus familiares a tal imposición: “nosotros consideramos que esta app viola un montón de derechos constitucionales, derechos de la Convención de las Personas con Discapacidad, derechos de nosotros como trabajadores autónomos”.
En palabras de Jésica Machado: “No todas las personas tienen acceso a un dispositivo móvil con la capacidad para bajar una app. Es una app discriminatoria porque piensa que toda la comunidad que debe usarla tiene que tener Internet, datos móviles, posibilidad de acceso cognitivo, simbólico o físico a la app. Pensemos que atendemos una diversidad muy compleja de personas con discapacidad y esto puede hacer que haya personas con diferentes recursos para poder acceder a la misma. Viola la privacidad de los sujetos que van a estar geolocalizados, viola la libre circulación, viola la capacidad de elegir o no ser geolocalizados, porque aquellos que se nieguen a ser geolocalizados no podrán continuar con sus prestaciones”.
Desde Prestadores Unidos MdP consideran que se trata de una medida que implementa la SSS no solo sin conocer el campo de trabajo, sino también con el fin de tapar el ajuste económico: “consideramos que es un mecanismo de control, un mecanismo cubierto de recortes. Sabemos que el presupuesto 2024 para discapacidad va a ser exactamente igual al 2023, y esto hace que ya por un proceso inflacionario no sea suficiente, pero no contempla a todas las personas que van a requerir de nuevos servicios de discapacidad, todas las nuevas personas con discapacidad que se van a sumar este año, aumento en nuestros honorarios profesionales, etc”.
La solución que proponen es olvidar la propuesta de cuajo: “estamos reclamando la derogación, estamos pidiendo que no se tomen más decisiones con respecto al colectivo de discapacidad sin incluirnos a todas las partes. Que el Gobierno sea el que diga que va a recortar en discapacidad y que no nos ponga nosotros hacer el recorte encubierto”.
La resolución 2484/23 de la SSS “es discriminatoria, es anticonstitucional, viola derechos de las personas con discapacidad y los nuestros” dijo Machado, quien argumentó: “nosotros no somos empleados de la Superintendencia y no tenemos por qué ser controlados por ella”.
A la protesta por la resolución mencionada, se suma, nuevamente, el reclamo salarial. Es que el grupo de profesionales dedicados a personas con discapacidad se encuentran con un cuadro de honorarios desfasado respecto a la inflación. En tal escenario complejo, también denuncian que hace meses que no cobran.
“Nosotros estamos aproximadamente un 280% del valor que debería valer nuestra hora, teniendo en cuenta la inflación. Por otro lado, seguimos cobrando a 90 días, es decir que nosotros seguimos en condiciones precarizadas de trabajo”, concluyeron desde Prestadores Unidos MdP.
