El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), desea informar a la opinión pública, y en especial a todos los usuarios viales directos e indirectos, que no estará presente en las Audiencias Públicas, “no vinculantes”, convocadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, para los días 10 y 11 de septiembre del corriente, en la Ciudad de La Plata, donde se tratará el nuevo cuadro tarifario que se impondrá en la Autopista Buenos Aires – La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta 11 y conexas), respectivamente.
Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sostuvo: “ha quedado claramente demostrado que las Audiencias Públicas, de carácter no vinculantes, han sido y siguen siendo un simple formalismo y un desagradable show montado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto, hacia los usuarios viales directos e indirectos. En definitiva, en esta oportunidad como en anteriores, solo se escuchará el lamento del concesionario vial (AUBASA) y cómo restablecer su ecuación económica – financiera, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario vial. La Audiencia Pública es un requisito obligatorio, pero no vinculante, y tal cual como viene sucediendo, en definitiva se terminará aplicando el nuevo esquema tarifario propuesto por el Poder Concedente para favorecer solo el interés particular de la empresa concesionaria, pisoteando y vulnerando los derechos de los usuarios viales y sin considerar la defensa del bien común.”
Con estos tarifazos que se dan en forma constante y sin considerar la difícil situación que atraviesa el País, siendo claramente recaudatorios, abusivos, inapropiados, y carentes de todo fundamento técnico-económico, el peaje actúa como un impuesto al tránsito y la circulación, y lo único que se logra es aumentar el costo de transporte y generar más inflación, ocasionando serios perjuicios sociales y económicos, a los usuarios viales, a las localidades servidas por los corredores en cuestión, y a toda la sociedad en su conjunto.
El CONADUV califica las tarifas que se están cobrando y que se cobrarán, de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario.
