La cifra la publicó CORREPI después de que el Gobierno presentara sus propios números en la Cámara de Diputados
Desde el comienzo de la cuarentena se registraron 92 muertes en manos de integrantes de las fuerzas de seguridad, según un informe que publicó CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
En el informe se incluyen los hechos que tuvieron lugar desde el 20 de marzo hasta el 6 de agosto. Según CORREPI, los casos registrados se desglosan de este modo: 34 por fusilamientos de “gatillo fácil”; 45 muertes bajo custodia; 4 femicidios y femicidios relacionados ; 3 desapariciones forzadas y un caso interfuerza (se mataron entre agentes).
Vale aclarar que el criterio utilizado por la CORREPI es por demás amplio, ya que por ejemplo en el rubro “muertes bajo custodia” incluye todos los decesos de personas dentro de cárceles o comisarías, sin especificar la causa, lo que impide medir el grado real de responsabilidad estatal en la muerte. Además, en la categoría femicidios, se contabilizan los crímenes de género perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que no implica necesariamente una responsabilidad del Estado.
Luego, se detalla que la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor población del país, es el lugar con más hechos: 42 casos, seguida por Santa Fe con 10; Córdoba y San Luis, con 6 cada una; Tucumán con 5; Jujuy con 4; Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza, cuentan con 3 cada una; Neuquén y San Juan con 2 cada una y por último Chaco, Chubut y Santiago del Estero con 1 caso cada una.
En el trabajo, además, se desglosaron los casos por fuerza interviniente y el resultado fue que el conjunto de las fuerzas provinciales tienen responsabilidad por la muerte de 50 personas. Los servicios penitenciarios provinciales son responsables de 27 muertes, las fuerzas federales de 8 y la Policía de la Ciudad de 7.
La CORREPI responsabiliza por esta situación a la decisión de poner en manos de las fuerzas de seguridad la tarea de controlar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio: “El casi centenar de reportes y notas publicadas desde el 20 de marzo pasado con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, mediante golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios, muestran claramente cuál ha sido, hasta donde sabemos, el resultado concreto de la decisión de poner en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento”, dicen en el informe.
Las datos de esta ONG se conocieron un día antes de que la Policía Federal hallara un cuerpo en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto el 30 de abril pasado por última vez mientras hacía dedo por la Ruta 3 con supuesto destino a Bahía Blanca. La familia del joven apunta contra la Policía Bonaerense ya que la última foto con vida del joven se la sacaron en un retén policial.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación contradijeron a CORREPI, ya que durante la cuarentena en lo que respecta a fuerzas federales -Gendarmería, PFA, PSA y Prefectura- no registraron hechos que hayan culminado con la muerte de una persona. Sin embargo indicaron que recibieron en ese mismo período 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 agentes involucrados, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad. Así más de la mitad de las denuncias, 22, fueron contra Gendarmería, 9 contra PFA, 7 contra Prefectura y una contra Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Luego, en la Secretaría de Derechos Humanos, que recolectó los datos del accionar de las fuerzas provinciales, se informaron 531 denuncias recibidas por hechos represivos en la cuarentena, contra 71 recibidas entre el 10 de diciembre y al 20 de marzo. En este registro figuran 24 casos de hostigamiento; 34 lesiones; 25 muertos; 11 amenazas y 20 detenciones arbitrarias.
Si bien los datos del Gobierno y CORREPI se diferencian, Frederic y Pietragalla reconocieron un aumento de denuncias que involucran a fuerzas de seguridad en casos de violencia institucional desde que comenzó la pandemia.
Uno de los primeros casos de muerte durante la cuarentena fue el de Luis Ezpinoza en Tucumán. El 15 de mayo, el hombre fue atacado por la Policía de de Tucumán durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado a un barranco envuelto en bolsas de plástico. Por el crimen, la justicia tucumana ordenó la prisión preventiva para nueve agentes y un civil.
El último hecho fue el del joven Valentino Blas Correas, de 17 años, en Córdoba. El homicidio de Correas ocurrió en la madrugada del pasado jueves 6 de agosto cuando, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio, circulaban en un automóvil luego de reunirse en un bar. Según el sumario policial, evadieron un control policial en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Los policías dispararon varios tiros, de los cuales cuatro impactaron contra el automóvil y uno de ellos ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Valentino, quien iba en la parte de atrás del vehículo y murió a causa de la herida. El fiscal José Mana imputó a cinco agentes por el crimen, entre ellos al jefe de la fuerza de seguridad que estaba a cargo de patrullas de control.
