Juan Tapia, juez de garantías de Mar del Plata, habló con MdpYa sobre el panorama actual respecto a la ley de Educación Sexual Integral, y los peligros de derogar la ESI.
En un contexto en donde algunos dirigentes políticos aseguran que si ganan las elecciones eliminarán la ley de Educación Sexual Integral, hubo diversos profesionales que pusieron el grito en el cielo para alertar a la población sobre lo que esto significa. ¿Qué hace un juez de garantías? ¿Cuál es su rol dentro de la sociedad? ¿En qué sirvió la ley de Educación Sexual Integral? Todas estas preguntas respondió Juan Tapia, juez de garantías de Mar del Plata, para ampliar el debate.
“Trabajo como juez de garantías, es decir que mi función se cumple en el ámbito penal. Una parte significativa de nuestro trabajo es escuchar las declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Esas declaraciones se reciben bajo una modalidad especial, denominada Cámara Gesell, que procura evitar la revictimización con la intervención del Estado. Ello implica que la víctima cuenta ese episodio tan doloroso que ha sufrido en una única oportunidad durante todo el proceso penal, y lo cuenta ante una psicóloga especialista en abuso sexual, con presencia en un salón contiguo de la fiscalía, la defensa, la Asesoría de Menores y la justicia de garantías”, explicó Tapia sobre el abordaje de casos de abuso sexual.
“Esos relatos, que nosotros recibimos diariamente, evidencian que la inmensa mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas conocidas de las víctimas, sean del círculo familiar, amistades o vecinos. En ese contexto, podemos advertir la importancia que adquiere la Educación Sexual Integral para que las víctimas reconozcan situaciones de abuso e identifiquen agresiones sexuales. La ESI permite acceder a información sobre cómo son las formas apropiadas para que otras personas se relacionen con uno, sobre lo que implica el consentimiento, no sólo para iniciar una relación sexual sino sobre el modo de concretarla (ejemplo: se consiente una relación sexual con preservativo y la otra persona en forma unilateral decide quitárselo), sobre lo que implica el derecho a la intimidad, entre otras cuestiones. Y a partir de esa información acceder a un ámbito de respeto y privacidad para denunciar conductas constitutivas de delito. Una significativa cantidad de víctimas expresa en las Cámaras Gesell que ha sido la ESI la herramienta que les permitió dejar de naturalizar situaciones sufridas en el ámbito familiar y poder visibilizarlas como forma de abuso”, indicó el profesional.
Tapia señaló que derogar la ESI implicaría un claro retroceso para la persecución penal de las agresiones sexuales. La ESI propone un concepto de sexualidad que excede ampliamente las nociones de “genitalidad” y de “relación sexual”, al considerarla como una de las dimensiones constitutivas de la persona, relevante para su despliegue y bienestar durante toda la vida, que abarca tanto aspectos biológicos, como psicológicos, sociales, afectivos y éticos, aseguró.
“La información es una parte esencial del ejercicio de nuestros derechos. En la medida en que durante la infancia y adolescencia se brinde una educación sexual integral, habrá mayores posibilidades de prevención y detección de abusos. Insisto que esto no es una cuestión teórica. Nuestra experiencia en el trabajo cotidiano escuchando relatos en Cámara Gesell nos permite verificar la importancia que ha tenido la ESI para que muchas víctimas puedan denunciar hechos graves que han sufrido”.
El Poder judicial – “un campo de disputa”
“El sistema interamericano de Derechos Humanos, del que somos parte, tiene en su base el principio de progresividad en materia de derechos civiles y sociales. En ese sentido, el principio de no regresión cuenta con una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicó Tapia sobre los derechos adquiridos.
También agregó que “se pueden identificar pronunciamientos de nuestro máximo tribunal en materia de derechos laborales, en cuestiones previsionales, en temas ambientales como en aspectos penales. En consecuencia, el poder judicial es siempre un campo de disputa por el ejercicio de los derechos. El contenido de sus decisiones es un buen termómetro de la vigencia plena del Estado de Derecho”, explicó.
En concreto, la ley de Educación Sexual Integral permitió a muchas personas comprender cuándo hay una situación de abuso. Este punto puede parecer una tontería para quienes vivieron una vida con adultos que cuidaron de las infancias y explicaron dónde están los límites del cuerpo y qué es el consentimiento, sin embargo para otrxs que nacieron en familias o contextos en donde el abuso está naturalizado y es moneda corriente cada día, estos límites se desconocen, y es allí en donde la enseñanza de la educación sexual integral debe ser una herramienta de fácil acceso.
Lara Franco – Redacción MdpYa.
