El Gobierno volverá a la carga en cortar la soga por lo más delgado. Las pensiones por invalidez volverán a quedar bajo revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad que conduce la vicepresidenta Gabriela Michetti. El Gobierno suspendió y dio de baja en los últimos dos años a unas 170.000 pensiones no contributivas, de las cuales 70.000 eran por invalidez. Como parte del plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario, se prepara una nueva purga. En el Ejecutivo estiman que puede alcanzar a un 10 por ciento del universo actual de pensiones, aduciendo supuestas irregularidades en el acceso al beneficio, según publicó ayer el portal La Política Online.
Junto con la suspensión de pensiones la administración de Michetti se encargó de pisar nuevos ingresos al beneficio. Según lo presupuestado, hasta el año pasado había unas 1.060.000 pensiones por invalidez, con una partida anual de unos 84 mil millones de pesos. Si se lleva a cabo el tijeretazo que espera el Gobierno, habrá un recorte de unos 8 mil millones de pesos.
El recorte del año pasado fue frenado por la Justicia, aunque el Gobierno nunca acató los pedidos de informes sobre las bajas de las contribuciones. En esta oportunidad, se tratará de exponer supuestas irregularidades que le permita contar con apoyo de parte de la opinión pública para avanzar con los recortes a la población que más lo necesita. El ajuste no se circunscribe a la reducción de pensiones no contributivas, sino también a una menor capacidad de atención de usuarios y al desmantelamiento de los equipos territoriales que dificultan aún más la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema.
