Nota realizada por la Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata.
La reunión entre magistrados, dirigentes políticos y CEOS del grupo Clarín en Lago Escondido, que es de dominio público, coloca nuevamente al Poder Judicial en el ojo de la tormenta. Este Poder, cuya legitimidad ya está fuertemente golpeada por ser el de mayor descrédito en la opinión pública.
El encuentro mencionado, sumado a la visita de ministros de la Corte Federal a la embajada de EEUU y las estrechas relaciones con servicios de inteligencia del pasado reciente y presente no son hechos ailados.
Una vez finalizada la dictadura militar, la nueva institucionalidad ratificó en sus cargos a la inmensa mayoría de jueces, fiscales, defensores y demás magistrados y magistradas que integraron la administración de justicia durante dicho período e incluso incorporó a ex funcionarios civiles de la dictadura como magistrados, tal como fue el caso del ex agente de inteligencia del ejército Néstor Montezanti en la Cámara Federal de Bahía Blanca, el ex intendente de la dictadura de Quilmes Julio Cassanelo como camarista civil en el Departamento Judicial homónimo o el ex agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Fabián Fernández Garello como juez de garantías primero y luego como fiscal general de Mar del Plata –estos últimos en el poder judicial bonaerense-, por mencionar tres ejemplos.
Frente a la vuelta de la democracia en Latinoamérica, Estados Unidos fijó como objetivo en el documento Santa Fe II (1988) la necesidad de trabajar sobre las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial por considerarla estructuras institucionales menos permeables a la renovación electoral y así perpetuar su influencia en la región y promover el libre comercio. Con ese objetivo en la década del noventa el Banco Mundial, el BID y el FMI otorgaron créditos que la República Argentina tomó, destinados a solventar reformas judiciales que incluía en sus objetivos políticos homogenizar la formación jurídica e ideológica de magistrados y magistradas.
Estos perfiles ideológicos y políticos están latentes en los procesos de selección de las y los jueces, fiscales, defensores, asesores de menores y demás magistrados que llevan adelante los Concejos de la Magistratura nacionales y provinciales, como así también en los procesos de destitución de magistrados y magistradas por mal desempeño en sus funciones o ante la comisión de delitos comunes o de lesa humanidad.
En ese sentido la destitución del juez en lo contencioso – administrativo de La Plata Luis Arias o el juicio político pedido al juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale por ser en ambos casos garantes de derechos y no acceder a las pretensiones políticas del momento marcan el destino de aquellos que no responden a ese perfil.
Este modelo de justicia se complementa con el pedido formulado el 29 de Septiembre del 2001 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por el Director del Departamento Jurídico de IDEA y ejecutivo de la Esso Juan A. Pardo quien pidió: “flexibilizar la estabilidad de los empleados judiciales, para fijar un sistema donde pueda elegirse a los mejores”, considerar a la justicia como un servicio básico para que no pueda paralizarse por conflictos gremiales y avanzar en la privatización del Poder Judicial.
En síntesis, la alianza entre el poder judicial y poder económico, su activismo partidario y las operaciones lawfer son efecto de una construcción política previa que pusieron en profunda crisis los valores institucionales de independencia, imparcialidad e igualdad ante la ley para asegurar intereses elitistas, justificar restricciones a los derechos humanos y desarticularla, que exige de una profunda, integral y real reforma judicial feminista para democratizarlo, como así mismo a los mecanismos de selección y destitución de magistrados y magistradas, si lo que queremos es fortalecer el estado de derecho y tener una justicia al servicio del pueblo.
Comisión Directiva Departamental Mar del Plata
Asociación Judicial Bonaerense
6 de diciembre de 2022
