La pasada semana efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo un allanamiento en el marco de una investigación conjunta a distintos destacamentos de Seguridad Vial, y entre los apuntados figuraban Azul, Las Flores, Monte y Tandil.
Del procedimiento realizado quedaron cuatro uniformados involucrados: Raúl Ezequiel Ferreyra, Emiliano José Sparaíno, José Luis Arrubia y Javier Enrique Murray.
Los cuatro efectivos de la policía de la Provincia detenidos, pertenecientes a la Superintendencia de Seguridad Vial, fueron desafectados de la fuerza por la Auditoría General de Asuntos Internos, mediante una resolución firmada por el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.
Los procedimientos se llevaron a cabo en el Destacamento de Seguridad Vial del Partido de Azul que está sobre la Ruta 3, lugar donde fue detenido el capitán de la Bonaerense. En el Destacamento de Seguridad Vial del Partido de Monte, fue detenido el capitán Raúl Ezequiel Ferreyra, de 34 años.
En Tandil quedó imputado el comisario Sparaíno, de 36 años, quien el pasado 8 de marzo había asumido como jefe del Destacamento.
También en el destacamento situado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 298, funcionarios judiciales y efectivos de la Delegación Azul de la Policía Federal procedieron a la detención del capitán José Luis Arrubia de 48 años, un suboficial de la Bonaerense oriundo de Azul.
Otro de los allanamientos se dio en el Destacamento de Seguridad Vial que está en Las Flores, donde quedó detenido el suboficial inspector Javier Enrique Murray de 47 años de edad. Los cuatro policías mencionados hicieron uso del derecho de negarse a prestar indagatoria y posteriormente fueron derivados a la Unidad Penal 30 de General Alvear.
Causa
Los efectivos de seguridad están procesados por “Asociación ilícita, cohecho pasivo y omisión ilegítima de los deberes de funcionario público”.
El fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI 1 de Azul, ordenó el secreto de sumario en esta causa que comenzó a investigarse a principio de año por una denuncia anónima que se radicó en Tandil.
Cabe señalar que los allanamientos en las distintas dependencias estuvo a cargo de la Policía Federal ya que se trataba de efectivos que cumplían funciones en la Bonaerense como un subcomisario, un oficial subinspector y dos capitanes, quienes se encontraban desempeñando funciones, hasta que una orden del Juzgado de Garantías 3, a cargo de Juan José Suárez, dio paso a los allanamientos detallados y en los respectivos domicilios de los detenidos.
Según se pudo conocer esos procedimientos habían incluido también órdenes para que fueran requisados los vehículos en los que los efectivos de seguridad se movilizaban, en la búsqueda de diferentes elementos que son considerados de importancia para esa Investigación Penal Preparatoria (IPP) que se está llevando adelante.
Investigación
Desde la Fiscalía General Departamental se informó a través de un parte de prensa que a los detenidos se los investiga por “corrupción policial”. También, que en ese contexto se trata de determinar ahora la existencia de “posibles delitos de corrupción vinculados a controles vehiculares”.
La investigación a cargo del fiscal Marcelo Fernández cuenta con la participación de miembros del Centro de Ayuda en la Instrucción (CAI), dependencia judicial que está a cargo del ayudante fiscal Carlos Abitante y el jefe de despacho Antonio Bilbao.
Desde el Centro de Ayuda en la Instrucción se informó que “hay más de 600 horas de escuchas telefónicas” que involucrarían a los policías que ahora están detenidos en esos casos de corrupción que les imputan.
Coimas
Las detenciones de los policías fueron ordenadas por ser considerados los presuntos coautores de los siguientes delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y omisión ilegítima de los deberes de funcionario público.
Las sospechas apuntan a que los efectivos de seguridad, teniendo en cuenta los lugares donde desempeñaban funciones, habían desarrollado un circuito a través de las rutas 3 y 226 que les permitía ir liberando la zona a camioneros y empresas de transporte, a cambio de cobrar coimas por esa actividad ilícita e incompatible con sus deberes de funcionarios públicos.
Esos pagos que al parecer recibían, se traducían en que no fueran controladas las cargas de los transportes, como así también que no se les requiriera a los choferes las documentaciones de los vehículos que conducían. En los allanamientos se encontraron sobres con 5 y 10 mil pesos cada uno que podrían ser parte del cobro realizado a los transportistas.
Los allanamientos llevados a cabo también incluyeron el hallazgo y posterior secuestro de teléfonos celulares y material informático.
ElEco
