Mientras el Gobierno avanza en la quita de subsidios económicos para achicar el déficit fiscal, paradójicamente la devaluación noquea ese esfuerzo al engrosar el peso de los mismos en las cuentas públicas. Así lo sostienen al menos tres informes económicos conocidos en las últimas semanas.
La consultora PxQ dirigida por el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis indicó que esto es porque el objetivo previsto en el Presupuesto 2018 de un nivel de subsidios de 1,6% del PBI “se obtiene asumiendo un tipo de cambio promedio en torno a los US$ 19, mientras que la devaluación de mayo implica un tipo de cambio promedio piso para el año de US$ 23”.
En medio de la tensión por el veto a la ley que retrotraía las tarifas a noviembre de 2017, algunos economistas especulan que el Gobierno podría aplicar un ajuste tarifario adicional para neutralizar el coletazo.
Contragolpe. PxQ sostuvo que “las devaluaciones incrementan el peso de los subsidios en el PBI y en las cuentas públicas”. Explicó: “Los efectos directos provienen de la naturaleza de los subsidios, que son la diferencia entre el precio del combustible importado y su precio de venta local; al subir el tipo de cambio, el gasto en pesos derivado de la importación se incrementa.
Los indirectos provienen de la naturaleza contractiva de la devaluación: la caída en el PBI y en la recaudación genera un aumento en el peso de los subsidios”. Así, reflexionó “que si el gobierno nacional pretende bajar los subsidios según lo presupuestado, no solo debía evitar la aprobación del proyecto de ley, sino que además debería subir las tarifas entre un 15% y un 25% más de lo originalmente previsto para neutralizar el efecto del tipo de cambio sobre las cuentas públicas.
Si Cambiemos no modifica la quita de subsidios de 2018, la devaluación podría no solo neutralizar todo el ahorro previsto para 2018, sino incluso derivar en un incremento en el peso de los subsidios”.
En tanto, un informe de Eco Go recordó que “el día que se anunció la vuelta al FMI en Diputados se daba media sanción al proyecto para retrotraer tarifas”, pero “con el nuevo salto del dólar el aumento en pesos que se estaba rechazando es 25% menor al que debería regir si se mantiene el precio acordado por el Ministerio de Energía”.
Conjeturó que “la mayor presión de estos costos (si se mantiene el esquema vigente) requiere más tarifas eléctricas, de gas, y de transporte, y no menos, y mucho más si se pretende acelerar la reducción de subsidios”. En cambio, Jorge Colina, de Idesa, opinó que “los aumentos del dólar van a ser mayormente absorbidos por las empresas”. “La suba del dólar aumenta el costo de producir electricidad y gas, y el costo del transporte por el tema del combustible.
Eso se puede financiar incrementando tarifas, o se aumenta los subsidios, o la empresa tiene que absorber esos costos”. Consideró que “como el Gobierno había dicho que no iba a ajustar más las tarifas de luz y gas en lo que corresponde a 2018, y no se quiere aumentar los subsidios, creo que la idea va a ser que las empresas asuman el aumento de costos”.
Costo. Melisa Sala, de LCG, señaló a PERFIL que “la devaluación puede revertir parte del esfuerzo derivado de la suba de tarifas” y “de mantenerse el sendero de reducción del porcentaje de tarifas subsidiado planteado originalmente por el Gobierno, una parte del efecto de la devaluación sobre los costos de los servicios debería ser absorbido por los usuarios lo que implicaría, en el futuro, aumentos superiores a los previstos con un tipo de cambio más bajo”.
Estimó que “por la parte de la tarifa que aún es subsidiada, el Gobierno tendrá un costo extra de 0,10% del PBI por cada $ 1 de devaluación (anual promedio). Si el dólar promediara $ 24 en 2018 (manteniendo la paridad real alcanzada en mayo) sumaría un costo de 0,27%, y los subsidios corrientes habrían crecido 0,15% del PBI frente a 2017”
