El fiscal penal Federico Tropea archivó la causa por daños, resistencia y atentado contra la autoridad que se abrió contra cuatro extranjeros y 22 ciudadanos argentinos, entre ellos referente de La Garganta Poderosa, en octubre pasado tras la represión de la Policía de la Ciudad ante las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2019.
La fiscalía tomó esa decisión porque no hay delitos para imputarles a quienes fueron detenidos, lo que avala las denuncias sobre el operativo violento y al voleo hecho por la Policía de la Ciudad, que tuvo replicas en la Casa Rosada, que inmediatamente salió a exigir las deportaciones de los cinco extranjeros detenidos.
“Claramente intentaron poner en riesgo el ejercicio de la democracia que se plasma en el Congreso”, denunciaron horas después de la represión el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantaron, a la salida de una reunión de Gabinete, que el Poder Ejecutivo impulsaría la expulsión de los extranjeros detenidos. La ley indica que para la expulsar a un ciudadano extranjero, el Estado debe esperar al proceso judicial que indique la culpabilidad del acusado. El fiscal Tropea archivó esta tarde las causas por “inexistencia de delito”.
Uno de los casos más recordados de las detenciones al voleo de octubre pasado fue la del turco Anil Barán. El joven vive en Córdoba, donde está casado con una argentina, y había llegado a la Ciudad para realizar los trámites que le permitieran avanzar en su trámite de nacionalidad. La Policía de la Ciudad lo persiguió durante el operativo represivo y lo detuvo a cuadras de la estación Constitución, a varias cuadras del lugar de los hechos, y adonde había arribado minutos antes.
“No hay imágenes de él en la Plaza del Congreso ni en la marcha, simplemente porque no estuvo. Nosotros probamos que vino desde La Plata en tren y llegó a Constitución minutos antes de ser detenido. Acreditamos los trámites que debía hacer en la embajada, el turno que había pedido por Internet, los horarios de los trenes. Además de todo lo relacionado con su radicación definitiva, su matrimonio con una argentina y el inicio del trámite de ciudadanía”, describió a PáginaI12 la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú, defensora de Anil.
Tropea analizó la situación de cada uno de los imputados a partir de las cámaras de seguridad de la zona como principal elemento de prueba. En la resolución del fiscal se confirma que no hay elementos que sostengan las imputaciones contra los 27 detenidos de aquella jornada.
La represión y las detenciones al voleo, que fueron el puntapié del inicio de la campaña punitiva que relanzó a principio de año Cambiemos de la mano de Bullrich, también involucró a los hermanos venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas y al paraguayo Luis Fretes. “Somos inocentes de los cargos de los que se nos acusa”, habían anticipado pocas horas después los hermanos venezolanos en una carta pública, en la que lamentaban acercarse “más de lo debido” a la manifestación. Los Artigas también tuvieron que aclarar entonces que no eran “funcionarios públicos en Venezuela” ni tenían “relación alguna con el Gobierno de Chávez y/o Maduro”, acusaciones que habían circulado en los medios afines al Gobierno.
En aquella jornada también fueron detenidos el referente de La Garganta Poderosa Nacho Levy junto a otros compañeros. La detención, al igual que la del ciudadano turco, se dio en una redada policial en Lima y Carlos Calvo, a varias cuadras del Congreso. “Esto fue una cacería humana como sólo ocurrió dos veces en democracia: el 18 de diciembre pasado, y hoy”, denunció Levy al ser liberado después de varias horas en la madrugada del 25 de octubre y recordando el modus operandi de represión y detenciones al voleo aplicado por las policías de la Ciudad y Federal en las protestas contras la reforma previsional.
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