Es sabido que los “Consejeros de Seguridad”, proliferan cuanto más aumenta el desconcierto ante el delito, abundando en opiniones y analogías con situaciones similares en distintos países de este mundo. La “Seguridad Pública” como bien social, es un concepto que va más allá de la inmediata protección contra el delito, constituyendo la base necesaria para el ejercicio de la libertad, vinculándose directamente a la existencia de un Estado Democrático, con el fin de proteger los derechos básicos del ciudadano.
A consecuencia de ello, el ciudadano común pregunta angustiado: ¿Quién nos cuida? ¿Cómo nos cuida? ¿De quién o de qué se nos protege?. Y obviamente se desemboca, intencionalmente en el último eslabón de la cadena, que resulta ser “El policia”: hombre o mujer, cuya misión consiste en solucionar la serie de desaguisados, que lentamente van construyendo distintos actores de la sociedad, entre ellos ciudadanos, periodistas, medios radiales, televisivos, políticos, jueces, etc.
Sin embargo los políticos en general, se ven obligados a una constante confrontación mediática, porque la política ignora el contacto directo con la gente, convirtiéndose en una actividad de considerable pérdida de naturalidad y alta cuota de actuación. Ante el creciente sentimiento de inseguridad pública y la reproducción del delito, originados en distintos mensajes comunicacionales sobre una cuasi gratuidad del crimen, la política ha optado por enviar señales contradictorias, con lo cual, en un mundo informado como nunca antes, la criminología y la propia técnica legislativa, quedan reducidas a un debate entre medios masivos de comunicación y seudo especialistas. Opinar sobre este tema, resulta barato para el espectáculo, pero muy caro para la sociedad.
Algunos hablan por ignorancia, otros mienten a sabiendas, proponiendo “tremendos castigos penales”, los políticos hacen campaña con el tema, a fin de incrementar su caudal electoral y dentro de este panorama, las voces sensatas pasan inadvertidas. La policía se excusa alegando que la justicia es “flexible y garantista”, los políticos acusan a la policía y al incumplimiento de las leyes por los jueces y los jueces aducen, que la solución del tema, esta exclusivamente en manos de los legisladores. Así la ronda de la calesita continua, medios mediante, cada cual toma su sortija, el problema persiste, nadie saca el premio y la sociedad mira absorta como día a día, amanece con un muerto más.
En este escenario, los poderes políticos y legislativos se convierten en un servicio de contra mensajería comunicacional y los códigos penales, pasan a constituirse en colecciones de mensajes coyunturales. Las olas van pasando y a cada ola se responde con una ley especial o una reforma al código penal, como queriendo detener una grave hemorragia con una simple gasa esterilizante.
No obstante, si bien el código penal es usado por los políticos casi como una poesía macabra, los jueces no pueden menos que seguir utilizándolo para dictar sentencias. Así, deben resolver situaciones conflictivas con un instrumento elaborado para otra cosa y que va asumiendo la forma de una colección de telegramas, remitidos con diferentes motivos y en distintas fechas, que hasta los propios remitentes han olvidado, porque las olas de mensajes pasan, pero la respuesta política queda plasmada en la ley. La consecuencia es un descalabro político, jurídico e institucional descomunal, que paraliza el funcionamiento de las instituciones, traduciéndose en un escenario de constante desesperanza.
Existe gran diferencia entre la alta visibilidad de los policías en los canales de cultura masiva y la baja visibilidad de una policía que, en su inmensa mayoría, transcurre una existencia de escasa exposición pública, predominantemente “oficinesca”. Así en el imaginario público, se confunde a policías con grandes héroes, temibles villanos o funcionarios de sillón. Por ello, como elementos a observar, para quién intente oficiar de Reformador Policial, no se deben dejar de lado dos cosas: las transformaciones materiales y las representaciones culturales del oficio policial, tema este que la Administración Política actual parece haber obviado.
En consecuencia, la tarea no es sencilla, ni se ciñe a discursos plagados de pretextos o a resoluciones originadas en apuros electorales, que suelen hacer más daño que el imaginado , por su repercusión difusa en la opinión pública, creando un sentimiento de mayor inseguridad.
Y esto es lo que acontece con la reciente Resolución 956-2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación que lleva por título: “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por partes de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, a la que una inmensa cantidad de opinólogos y periodistas, calificaron acorde a las pautas establecidas por la Naciones Unidas el 17 de Diciembre del año 1979 y adoptada por la República Argentina.
En principio, si bien la mentada resolución, dice seguir los principios del “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 34/169 de fecha ya citada y en los “ Principios Básicos sobre el empleo de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley”, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana (Cuba) en septiembre del año 1990, su texto se aleja considerablemente de ambos documentos internacionales y hasta los vulnera considerablemente.
La simple comparación del primero de esos documentos, con el Reglamento que se pretende imponer, convencerá al lector de las diferencias sustanciales que existen entre ambos. Y no esta demás aclarar, que la Resolución de la ONU del año 1979, no fue adoptada por países como Estados Unidos o Canadá, por lo que mal puede hacerse referencia a que dichas naciones lo implementan.
Los artículos 2, 4 y 5 de la Resolución 956, no se ajustan a la legislación argentina y menos aún el inciso “f” de este último artículo, por lo que es seguro que ningún policía procederá conforme a este compendio de confusiones, ya que terminará procesado y condenado por la justicia. A más de ello, viola los tratados internacionales que la Argentina incorporó a su Constitución en el artículo 75, inciso 22.
En consecuencia, es un instrumento solo destinado al impacto público y no a la intención de solucionar los problemas de la inseguridad, que aquejan principalmente a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. Es imposible que la Provincia de Buenos Aires adhiera al protocolo nacional, pues en el artículo 89 de la Ley Numero 13.982, que reglamenta la función policial en ese estado, se ha incorporado textualmente el “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, del año 1979, al que se hizo referencia antes, con lo cual ya tiene su propia reglamentación.
Si la política no entiende que los problemas que acarrea la Seguridad Pública, son ajenos al manejo exclusivo de las instituciones policiales, no habrá solución alguna para este problema. La Seguridad, no es una cuestión puramente policial, aunque es obvio que la Policía, cumple un papel fundamental en dicho sistema, en particular, en todo lo relativo a la prevención y conjuración de delitos. Pero la Seguridad Pública, es mucho más que ello, ya que compromete básicamente la acción coordinada entre la ciudadanía y el Estado.
Desde el advenimiento de la democracia en el año 1983, el Estado Argentino, no ha sabido dar respuesta a las cuestiones relativas a la Seguridad Pública. En primer lugar, ignoró identificar, procesar y resolver adecuadamente los nuevos conflictos que se presentaban a la sociedad argentina y en segundo término, no supo darse cuenta del crecimiento de un tipo de delito y complejidad, que difería de lo que conocía como Delito Tradicional y en consecuencia, no acertó en las soluciones que deberían ser, prevenir, enfrentar, conjurar y reprimir tales conductas.
El crecimiento de la pobreza y la indigencia no ha sido la causa del aumento de la criminalidad, sino que para ello, han convergido una serie de factores sociales, culturales y económicos, favoreciendo situaciones de violencia y en su marco, de delincuencia.
Existieron condiciones sociales que dan cuenta del desarrollo de un profundo proceso de desintegración y diferenciación social signado por el creciente deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y bajos, la desagregación de los grupos familiares y vecinales básicos, la ruptura de los lazos de solidaridad comunitaria tradicionales, la consolidación de una estructura altamente regresiva de distribución de los ingresos y la conformación de vastos sectores sumergidos en una situación de vulnerabilidad y marginación social. Esta situación, ha llevado a vastos sectores de la sociedad a la exclusión y la marginación social.
Y bajo estas tendencias, se fue configurando una dinámica social proclive a la apelación a la violencia o a la delincuencia como alternativa de adaptación individual y en ciertos casos, como instancia fundamental de sobrevivencia material y de referencia simbólica dentro del conjunto social, lo que ciertamente fue apuntalado por la ausencia de otros poderes u organizaciones sociales con capacidad para mediar o contener a los excluidos y marginados.
En síntesis, el problema de la Seguridad, no es un problema de policías o de ladrones, es un tema más complejo en el cual esta involucrado el Estado, con una ausencia actual de políticas sensatas, que se reflejan en resoluciones como la recientemente dictada.
A finales de los años 1970, un estudio publicado por la “American Bar Associatión” de los Estados Unidos sostenía: “Nada hay que sea un problema de la policía, sólo hay problemas sociales, que pedimos que la policía enfrente. Como la mayor parte de estos problemas, se debe a factores que la policía no creó ni puede cambiar, no podemos esperar que la policía los resuelva, conceptos estos más que claros.
Si la política no entiende esto e insiste en resoluciones como la que esta en plena discusión pública, mediante la cual delega la solución de los problemas de la Seguridad solamente en los efectivos policiales, el futuro no es promisorio. Todo lo contrario, el problema, se agudizara.
