Gustavo Pulti repudió y denunció la inconstitucionalidad del Decreto 780 que establece “limitaciones arbitrarias, ilegítimas e irrazonables al derecho de acceso de todos los ciudadanos a la información pública”. Presentó un proyecto de declaración en la cámara de diputados en el que además señaló que “es un derecho reconocido con carácter amplio y sin restricciones en la Constitución Nacional y Provincial, los tratados internacionales, la Corte Federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El diputado provincial expresó que “el gobierno nacional da muestras una vez más de su proceder anti republicano, restringiendo el acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos. No quieren que se sepa lo que hacen, y amenazan a quienes lo soliciten con resarcir daños y perjuicios en caso de que su pedido pueda calificarse como abusivo”.
La ley 27275 establece el acceso irrestricto a la información pública para quien así lo requiera. Por medio del Decreto 780, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó artículos de la ley, limitando el acceso a “papeles de trabajo”, “deliberaciones preparatorias” y “exámenes preliminares de un asunto” como así también a la información que pueda considerarse privada de los funcionarios, incluyendo el secreto financiero.
Pulti remarcó que “se encuentran pendientes de respuesta pedidos de acceso a la información que hemos hecho respecto de los envíos de oro al exterior, que no han sido contestados, y a los acuerdos firmados con el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos por parte de la Administración General de Puertos” y añadió “con esta reglamentación dichos informes nunca llegarán”
El proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires expresa repudio y denuncia la inconstitucionalidad del Decreto 780 de fecha 30-08-2024, en tanto establece limitaciones arbitrarias, ilegítimas e irrazonables al derecho de acceso de todos los ciudadanos a la información pública reconocido expresamente con carácter amplio y sin restricciones en la Constitución Nacional y Provincial, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
“El gobierno nacional está enmudeciendo al pueblo, se lo asusta y amenaza con sanciones si pregunta. No se puede guardar silencio frente al atropello institucional que implica el decreto 780” finalizó Pulti.
