La APDH de Mar del Plata, el CEDIR (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración Regional) y Justicia Legitima regional Mdp, denunciaron la situación y expresaron su apoyo a Juan Tapia, titular del Juzgado de Garantías N°4, ya que lo “invitaron a escribir en castellano,” por usar lenguaje inclusivo.
En 2020 el CEDIR y APDH de Mar del Plata se presentaron como “amicus curiae” (figura de consulta o aporte) ante el Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Tapia, en un Hábeas Corpus Colectivo Preventivo en beneficio de las personas consumidoras de estupefacientes para uso personal que se ven amenazadas en su libertad ambulatoria por las requisas sin orden judicial practicadas por la policía bonaerense.
Luego de que el magistrado resolviera a favor de la parte peticionante, fijando claros límites a las requisas y detenciones por parte del personal policial, hace unos días este pronunciamiento fue revocado a través de la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, integrada por los jueces Poggetto y Paolini.
“Repudiamos enérgicamente esta última resolución, porque resulta regresiva respecto a la responsabilidad social del poder judicial y atrasa décadas la función de la justicia, reduciéndola a una mera aplicación técnica de códigos, sin mayor contacto con las demandas de la sociedad y alejada de aquellos que reclaman justicia,” denunciaron.
Más tarde agregaron: “este fallo no solo restringe la capacidad de los jueces para convocar un Habeas Corpus Colectivo Preventivo, en este caso el juez Tapia, sosteniendo que es prerrogativa de instancias superiores, sino que limita específicamente la democratización en el uso de la palabra negando también la capacidad del propio juez de convocar a amicus curiae como asesores expertos.”
También consideraron que el fallo llega al colmo del paroxismo cuando tilda de “ideológico” los fundamentos del habeas corpus firmado por Tapia y, al mismo tiempo, invoca el primer párrafo del art. 99 del CCP que establece que “en los actos procesales deberá usarse el idioma nacional argentino, bajo sanción de nulidad” para amonestar al juez por su uso del lenguaje inclusivo en algunos tramos de su pronunciamiento.
Ante esta situación, se preguntaron: “¿no es el castellano el idioma nacional argentino? Y si lo es, ¿por qué encontramos multitud de términos en latín en cualquier escrito jurídico, incluso en este mismo fallo? Negar el uso del lenguaje inclusivo en los fallos de la justicia no solo es ideológico, pues dicho uso se justifica en la medida que evidencia una desigualdad, una asimetría de género que anida entre muchas otras prácticas sociales en el lenguaje, y tanto la visibilización de esta asimetría como su invisibilización en el uso corriente del lenguaje responde claramente a un compromiso con un sistema de creencias y valores, es decir, un posicionamiento ideológico, sino que, lo que es peor, excluye del lenguaje de la justicia la demanda a las instituciones públicas de un lenguaje no sexista, recomendado incluso en la resolución 900/2020 del INAES publicada en el boletín oficial de la República Argentina el 20 de octubre del 2020.”
Por último, aseguraron que es menester dejar de lado antiguos paradigmas represivos que solo han llevado a la persecución, estigmatización y criminalización de las personas usuarias de estupefacientes, y empezar a adecuar sus fallos, de manera que los conflictos que llegan a su decisión sean gestionados y no negados.
“Es función, de una justicia moderna, transparente y comprensiva de los reclamos urgentes de una sociedad, atender esas demandas de democratización y ampliar la base de sustentación de su estructura simbólica dotándola de legitimidad y credibilidad. Al mismo tiempo, ampliar el acceso a la justicia de colectivos con intereses homogéneos y minorías y no valerse de tecnicismos y formalismos vacíos que solo conducen, en definitiva, a un detrimento de la democracia,” finalizaron.
Lara E. Franco – Redacción MdpYa
