La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, al asegurar que “naturalizó la violencia del Estado y avaló la comisión permanente de delitos en los que incurre”, cuando el miércoles pasado durante una conferencia prensa por el ataque a la comisaría de San Justo reconoció la situación de hacinamiento récord en las cárceles y dependencias policiales, pero minimizó la situación de los presos: “Prefiero que estén adentro apretados y no afuera”.
El CPM volvió a expresar la “preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención”, recordó la grave situación que se vive en la provincia, donde hay 45 mil personas detenidas en cárceles y comisarías, cuando existe un cupo sólo para 21 mil, mientras que en las comisarías no se cumplen “estándares mínimos de respeto a los derechos humanos” y 2 de cada 3 personas duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones.
Ante este panorama, la CPM exigió a la Suprema Corte y la Procuración General que “no convalide estas graves violaciones de derechos humanos”, ya que “frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura, que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad”. Las “desobediencias” del ministro no solo se refieren a determinadas sentencias sino a la prohibición legal de que existan detenciones permanentes en comisarías.
El hacinamiento en las cárceles volvió a estar debate, luego de que un grupo armado ingresara el lunes a la Comisaría 1 de San Justo para liberar a un grupo de presos, y en el intento hirieron a la sargento de la Bonaerense, Rocío Villareal. Lejos de ocuparse de esa problemática —que en enero produjo un motín en la Comisaría de Merlo y marzo de 2017 la peor tragedia en una dependencia policial, con siete presos muertos en un incendio—, la gobernadora María Eugenia Vidal y luego el ministro de Seguridad se ocuparon de generar impacto en la prensa con la sargento herida.
Fue en la conferencia de prensa, después de visitar a la sargento Villareal, que un periodista consultó a Ritondo por la relación que podía haber entre el intento de sacar a los presos de la Comisaría con la situación crítica de hacinamiento que se vive en las dependencias bonaerenses. “Desde el 10 de diciembre de 2015 hay 11 mil presos más”, reconoció Ritondo y lo valoró como algo positivo: “gracias al gran esfuerzo de la Policía” para luego rematar: “Quizás donde entren 15 hoy haya 30 presos, pero yo sigo insistiendo en que prefiero que estén adentro apretados y no afuera”.
“Naturalizó la violencia del Estado y avaló la comisión permanente de delitos en los que incurre”, repudió el CPM en su comunicado y denunció que “al mes de abril la provincia llegó al récord de 45.000 personas detenidas: 39.394 en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico”.
Por último, la CPM aseguró que “el sistema de encierro está colapsado; la vulneración de derechos es sistemática y se producen muertes evitables cada día” y sostuvo que las políticas punitivistas han sido “la única respuesta del Estado para atender los problemas de seguridad”. “Estas políticas encarcelan masivamente a los pobres pero no atacan las redes del delito organizado y no resuelven el problema de la inseguridad”, sentenció el organismo de derechos humanos.
El jefe de la Bonaerense, Fabián Perroni, también destacó esta semana en una entrevista radial el récord de detenciones y precisó que sólo los fines de semana “entre 800 y 900”, aunque, a diferencia de la celebración represiva de Ritondo, abrió un paréntesis reflexivo sobre el contexto social de los detenidos: “Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando por eso, que antes no lo hacía, pero por una necesidad, por un apremio económico”.
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