La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo el pasado domingo una paella solidaria en las instalaciones de A.D.U.M. en la que asistieron más de 140 personas, entre integrantes de otros organismos de Derechos Humanos, concejales, funcionarios, centrales de trabajadores y los chicos y chicas del Centro de Estudiantes de Humanidades y de Descamisados.
El motivo de esta colecta fue que a raíz de una Resolución en la causa CNU que dictó la Cámara de Casación Penal Sala II, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, el 29 de diciembre del año pasado, resolviendo que no hubo asociación ilícita y en la que prácticamente abrió la puerta a la libertad de la mayoría de los acusados cuya sentencia había dictado el Tribunal Penal Federal de Mar del Plata, esta Asociación, querellante en esa causa, recurrió la sentencia sin ningún éxito hasta la fecha, por lo que decidió presentarse en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
“La presentación en queja sólo se puede hacer si se paga una tasa de Justicia que está en el orden de los $ 400.000, cifra que es de muy difícil acceso para un organismo como Familiares, que no cuenta con ningún tipo de financiamiento, más allá de nuestros aportes como militantes.
Hemos decidido junto al resto de las Organizaciones de DDHH denunciar lo actuado, la inmoralidad del cobro de esta tasa por parte de la Suprema Corte de Justicia y señalar una vez más quienes eran los asesinos de la C.N.U. Continuaremos con nuestra histórica lucha de Memoria, Verdad y Justicia”, señalan desde el organismo, a la vez que agradecieron a todos los asistentes y a quienes solidariamente colaboraron pero no pudieron estar presentes.
