Transitamos el primer cuatrimestre del 2021 y el panorama social y económico de Argentina sigue siendo oscuro y complejo para la clase trabajadora de nuestro país.
Producto de la segunda ola de Coronavirus, de las secuelas del 2020 transitado mayoritariamente en pandemia, sumado a la recesión y la crisis económica heredada de la gestión de Mauricio Macri, las y los argentinos sufrimos las consecuencias de un modelo económico cada vez más concentrador de las riquezas y con aumento de pobreza y de exclusión.
En este marco, las empresas energéticas están aplicando su poder de lobby en todos los niveles para presionar por el aumento de las tarifas a las y los usuarios residenciales, comerciales, pymes y de la industria.
En la provincia de Buenos Aires, a partir de abril comenzó a regir un aumento del 7% en la tarifa domiciliaria, para las 4 distribuidoras (EDEA, EDELAP, EDEN y EDES) del Grupo DESA (propiedad del empresario Rogelio Pagano) y para las cooperativas eléctricas de toda la provincia.
En las últimas semanas comenzamos a vislumbrar la presión que están ejerciendo EDENOR y EDESUR (las dos empresas que cubren todo el Área Metropolitana de Buenos Aires) para obtener el aumento pretendido para sus tarifas.
El pasado viernes 30 de abril se habló del despido del Subsecretario de Energía, Federico Basualdo, luego de haberse anunciado un incremento del 9% a partir de mayo para EDENOR y EDESUR. Más allá de las internas políticas, la presión del Fondo Monetario Internacional para reducir subsidios y la renuncia o despidos de algún funcionario, no está claro el rumbo del modelo energético que tiene este gobierno.
Necesitamos un modelo que garantice la sustentabilidad a largo plazo.
En la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación el Presidente Alberto Fernández afirmó: “debemos generar las condiciones para que todos los argentinos y argentinas tengan acceso a la energía de manera eficiente.
Entre 2016 y 2019 el aumento de las tarifas de luz y gas se convirtieron en un martirio, con cuantiosas ganancias para las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras sin que el Estado les exigiera un plan de inversión.
Las tarifas deben corresponderse con las necesidades de la gente. Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. El objetivo es desdolarizarlas y adecuarlas a los ingresos en pesos”.
Se habla mucho de tarifas y subsidios pero poco de las empresas privatizadas que lucran con las necesidades básicas de la población y sus exorbitantes ganancias. La energía es un derecho humano, no es una mercancía. Es un bien social y todos los Estados y los gobiernos deben garantizar su acceso. La energía como derecho humano tiene que ser tan importante como la salud, la educación y los derechos sociales.
En el contexto social y sanitario de nuestro país, ¿las máximas autoridades seguirán desarrollando un modelo energético que garantice tarifas y ganancias para las empresas energéticas? ¿Qué pasó con el control y revisión de los aumentos otorgados por la gestión macrista? ¿Por qué las familias de trabajadores y trabajadoras deberíamos soportar un nuevo aumento de tarifas, por más que nos digan que será por única vez y menor a los dos dígitos? Entre 2015 y 2019, Pampa Energía, dueña hasta el momento de EDENOR, ganó vía tarifazos y dolarización de contratos 1.086 millones de dólares, y ENEL, propietaria de EDESUR, otros 869 millones. ¿Es momento de aumentar tarifas?
¿Siempre la ganancia es para las distribuidoras privadas?
CON TARIFAS O CON SUBSIDIOS, LAS DISTRIBUIDORAS SIEMPRE GANAN.
En 2020, como consecuencia de la pandemia, el total de las distribuidoras eléctricas acumuló deudas con CAMMESA por 150.000 millones de pesos. De ese total, EDESUR y EDENOR se anotaron con 30.000 millones (el 20% sólo entre las dos empresas). Es decir, gracias a la asistencia del Estado (CAMMESA), estas empresas subsistieron ¿Se las seguirá subsidiando a pesar de las deudas y falta de inversión comprobada?
Como hemos afirmado históricamente, necesitamos un modelo energético distinto, que ponga el eje en el Derecho Humano a la energía y no la ganancia de las empresas privadas y extranjeras que monopolizan el servicio. Necesitamos un Estado presente, protagonista y con voluntad para tomar las decisiones a favor de los intereses del pueblo argentino.
Nuestro Sindicato desarrolló los conceptos de tarifa social, de soberanía energética y de tarifas justas.
Fuimos pioneros, hace muchos años, con movilizaciones, audiencias, conversatorios, solicitadas y decenas de declaraciones, denunciando el modelo energético basado en la privatización y la extranjerización de los recursos energéticos del pueblo argentino.
Hoy, nuevamente, volvemos a plantear nuestro posicionamiento para exigirle a las máximas autoridades que tengan la fortaleza y la decisión para cambiar el rumbo de este modelo energético que solo garantiza ganancias para un puñado de empresarios a costa de tarifazos, pobreza energética y precarización laboral para las y los trabajadores de la energía.
