La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas por la Tragedia de Once, que dejó 51 víctimas mortales, y decidió elevar la pena para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, mientras que la redujo para el ex secretario Juan Pablo Schiavi, el ex titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano, y el maquinista Marcos Córdoba. Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Carlos Alberto Mahiques y Eduardo Riggi confirmaron que coexistieron una serie de factores por la falta de control estatal y la desinversión empresaria para que ocurra la tragedia en febrero de 2012. Los condenados permanecerán en libertad, al menos, hasta el próximo mes cuando la Cámara Federal resuelva el último recurso de apelación antes de llegar a la Corte.
La Sala III aumentó la pena de Jaime, por el voto de mayoría de Riggi y Mahiques, al hacer lugar al pedido de la fiscalía y de una de las querellas de condenarlo por “estrago culposo”, lo que elevó la condena a 7 años de prisión por la Tragedia de Once y una pena única de 8 años por la suma de otras condenas, que lo mantienen en prisión efectiva a diferencia del resto de los condenados.
En los casos de Schiavi, Cirigliano y Córdoba, los camaristas coincidieron en reducir las penas por “de acuerdo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y otras pautas”. En el caso de Schiavi disminuyó de 8 años a 5 años y seis meses, para Cirigliano la reducción fue de 9 a 7 años, mientras que para el maquinista de la formación chapa 16 quedó en 3 años y 3 meses. Por el momento, los condenados continuarán en libertad, al menos, por un mes más, cuando la Cámara Federal de Casación resuelva la apelación.
La tragedia de Once se produjo el 22 de febrero de 2012 cuando un ferrocarril de la linea Sarmiento chocó contra la estación terminal del barrio de Once y mató a 51 personas, de las cuales una estaba embarazada. En su fallo de más de 900 carillas, los camaristas ratificaron que existió administración fraudulenta y estrago, debido a la acumulación de pruebas contra la empresa de los Cirigliano, que no realizó el mantenimiento de las formaciones del Sarmiento, y la falta de control por parte de los funcionarios.
En uno de los fragmentos del fallo, los camaristas señalan sobre las víctimas mortales: “Su pecado quizás haya sido ir a trabajar confiando en la seguridad de un servicio de transporte público, que en realidad se brindaba en condiciones de extremo peligro y sin ningún tipo de control eficiente de parte de un Estado que lejos de cumplir con sus obligaciones de supervisión, dejaba la vida y la integridad física de los trabajadores libradas al azar”.
